El Gobierno francés ha decidido anular las ZBE, conocidas allí como ZFE, tras admitir que estas restricciones estaban castigando de una manera injusta a las personas con menos recursos económicos.
Esta noticia es una realidad legislativa que ya ha pasado por la Asamblea Nacional y el Senado galo. La base de este cambio tan radical es que no se puede prohibir circular a quien no tiene dinero para comprarse un coche eléctrico de cuarenta mil euros. En Francia han entendido que la ecología no puede ir separada de la realidad social de las familias, y esta decisión pone ahora el foco sobre España, donde las multas y las restricciones no han parado de crecer en los últimos meses.
El fin de las restricciones en Francia
Los políticos franceses han analizado los datos y se han dado cuenta de que prohibir la entrada de coches antiguos con las ZBE en el centro de las ciudades creaba una brecha social insalvable. Mientras que las personas con alto poder adquisitivo podían seguir moviéndose con libertad comprando vehículos nuevos, las clases trabajadoras se veían atrapadas en la periferia sin poder acudir a sus empleos o realizar gestiones básicas.
El debate en la Asamblea Nacional francesa fue muy intenso y duró casi un año. Al final, la mayoría de los representantes votaron a favor de eliminar estas zonas porque consideraban que se estaba vulnerando un derecho fundamental: la libertad de movimiento. Argumentaron que el pretexto de mejorar la calidad del aire no era suficiente para justificar un castigo tan severo hacia los coches más humildes. Ahora, las ZBE en Francia solo se podrán activar de forma puntual y excepcional cuando la contaminación sea peligrosa, pero nunca más como una prohibición permanente que deje fuera a los coches más viejos.
Esta decisión supone un cambio de paradigma total en las políticas de movilidad europea. Hasta ahora parecía que el camino hacia la prohibición del motor de combustión era una línea recta sin retorno. Sin embargo, el hecho de que una de las principales potencias de la Unión Europea reconozca que las ZBE fomentan la exclusión social es un duro golpe para este tipo de normativas.
Muchos expertos en movilidad y asociaciones de conductores están mirando ahora hacia el Tribunal Constitucional francés, que es el último paso para que esta derogación sea efectiva al cien por cien, aunque todo apunta a que la voluntad del pueblo ya está decidida.
La situación de las ZBE en las ciudades españolas
Mientras en Francia celebran el fin de las restricciones, en España la situación parece ir en la dirección opuesta, al menos de momento. Seguro que te has fijado en que cada vez más ciudades han empezado a colocar cámaras y señales que prohíben el paso a vehículos sin etiqueta o con etiquetas B y C en determinadas zonas. Esto se debe a la Ley de Cambio Climático, que obliga a todos los municipios de más de cincuenta mil habitantes a tener una ZBE activa. Sin embargo, el espejo francés está empezando a reflejar una realidad que también vivimos aquí.
En España tenemos un parque automovilístico muy envejecido. La edad media de nuestros coches supera los catorce años, lo que significa que una parte enorme de la población conduce vehículos que estas normativas pretenden dejar fuera de juego. Esta presión está generando un malestar creciente que ya ha llegado a los tribunales de justicia españoles.
A diferencia de Francia, donde el cambio ha venido por una decisión política de los representantes públicos, en España la batalla se está librando en los juzgados. Ya son varias las ciudades donde los jueces han dado la razón a los ciudadanos y han anulado de forma temporal o definitiva estas zonas restringidas. Ciudades como Madrid o Barcelona han visto cómo sus planes de movilidad eran tumbados por la justicia al considerar que no estaban bien justificados o que no tenían en cuenta el impacto económico real que suponían para los vecinos y trabajadores.
El papel de la justicia en el futuro de las ZBE
El futuro de las restricciones en España depende ahora mismo de lo que decidan los altos tribunales. Ya hay una cadena de sentencias que han empezado a desmantelar algunas de las zonas más famosas del país. Por ejemplo, en Madrid, la justicia ha sido muy crítica con cómo se diseñaron estas zonas. Lo que se cuestiona no es si queremos un aire más limpio, sino si la forma de conseguirlo es justa y legal. Los jueces españoles están empezando a aplicar una lógica muy similar a la francesa: no se puede imponer una medida tan restrictiva sin asegurar que todos los ciudadanos tengan una alternativa viable.
Asociaciones como Automovilistas Europeos Asociados están presionando muy fuerte para que el Tribunal Supremo se pronuncie de forma definitiva. Además de Madrid y Barcelona, ciudades como Gijón, Valladolid o Segovia también han tenido problemas legales con sus ZBE. En algunos casos, los ayuntamientos han tenido que apagar las cámaras porque no tenían los informes necesarios que demostraran que la medida era proporcional.
Esto demuestra que el sistema actual es mucho más frágil de lo que parece. No es una estructura sólida e inamovible, sino que está llena de grietas legales que podrían hacer que, muy pronto, la situación en España cambie de forma radical siguiendo el ejemplo de nuestros vecinos franceses.
