El nuevo año debería traer consigo las temidas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todas las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes empadronados. Esto suponía la creación de más de 150 ZBE en todo el país, un cambio para el que no parecen estar preparados la mayoría de ayuntamientos.
Son muy pocos los consistorios que se han interesado tempranamente por esta imposición anticontaminación y los proyectos para crear nuevas ZBE en la mayoría de ciudades españolas apenas están desarrollados, o directamente son inexistentes. Se supone que la Ley 07/2021 de Cambio Climático y transición energética, obligaba a estos municipios con más de 50.000 habitantes a la implantación de al menos una ZBE por ciudad a partir de 2023, pero este objetivo está muy lejos de cumplirse.
Quieren un marco común de aplicación para no encontrase problemas judiciales
Estos precedentes de mala praxis administrativa son los que más preocupan a los ayuntamientos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid tendrá que devolver casi 25 millones por multas ilegales, por haberlas impuesto en tramos que no eran competencia suya. Eso, sumado a las sentencias citadas anteriormente ponen sobreaviso a los ayuntamientos nóveles en la materia anticontaminación.
Los organismos locales no quieren asumir este reto sin ningún tipo de respaldo normativo y verse abocados a ser denunciados y tener que pelear con los tribunales, lo que supondría una saturación de los juzgados. Además, se podría incurrir en una vulneración del principio de no discriminación ante situaciones jurídicas exactamente iguales al no haber un marco común de aplicación.
