El Gobierno exige a los ayuntamientos multas ZBE reales: sanciones por incumplir las restricciones

El Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre la modificación del real decreto de ZBE, que obliga a acreditar un régimen sancionador efectivo. Los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que demostrar por escrito que multan.

Las multas ZBE dejan de ser un adorno. El Gobierno va a obligar a los ayuntamientos a aplicarlas de verdad.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de noviembre la modificación del real decreto que regula las zonas de bajas emisiones, según la nota difundida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El texto no toca los límites de emisiones ni las etiquetas de la DGT: toca la obligación de hacerlos cumplir.

Qué cambia exactamente en las zonas de bajas emisiones

Hasta ahora, el decreto decía qué debía tener una ZBE. La modificación añade una exigencia: acreditar documentalmente que las prohibiciones se cumplen. Para eso, cada ayuntamiento tendrá que comunicar la entrada en vigor de las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento en función de lo que contamina cada vehículo, y también la puesta en marcha efectiva de los sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento.

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La segunda pata es la sanción. Las ordenanzas municipales deberán recoger el régimen sancionador que ya prevé la normativa estatal de tráfico y aplicarlo sin sistemas transitorios que retrasen su eficacia. En la práctica, eso significa que no valen moratorias indefinidas ni avisos que se prorrogan año tras año: si tu coche no puede entrar, la multa tiene que llegar.

El decreto no sube las multas: lo que exige es que el ayuntamiento demuestre que las pone y que las cobra.

A quién afecta y desde cuándo

La obligación de tener zona de bajas emisiones no es nueva. Viene de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, que dio hasta 2023 a los municipios de más de 50.000 habitantes para aprobarlas. Lo que cambia ahora es el listón para comprobar que existen de verdad y no solo en el papel. El ámbito es este:

  • Municipios de más de 50.000 habitantes.
  • Territorios insulares.
  • Municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de calidad del aire.

El texto aprobado tiene que publicarse en el BOE para entrar en vigor. La nota del Ministerio no detalla un calendario de plazos para esa acreditación, así que cada consistorio irá marcando su ritmo. Eso sí, el margen para tener la ZBE en el cajón se estrecha: la acreditación será documental y comprobable.

Cuánto cuesta la multa y quién la pone

El real decreto no fija importes. Los importes están en las ordenanzas. En Madrid, por ejemplo, acceder a la ZBE sin etiqueta se sanciona con 200 euros, una infracción leve que no resta puntos, según la ordenanza municipal. La Ley de Tráfico permite reducirla a la mitad si se paga en los 20 días siguientes.

Quien multa es el ayuntamiento, no el ministerio. Por eso las cifras cambian de una ciudad a otra y por eso conviene mirar la ordenanza de la tuya antes de fiarse de lo que se cuenta en el grupo de vecinos. Lo que unifica el nuevo texto es el marco: el régimen sancionador de la normativa estatal de tráfico, aplicado sin atajos.

Cada ordenanza fija además sus propias excepciones: residentes, vehículos de emergencia, personas con movilidad reducida o industriales con autorización, entre otros supuestos. No son idénticas en todas las ciudades, de modo que la única referencia válida es la norma de tu municipio.

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El problema que el Gobierno quiere cerrar

El punto débil de las ZBE españolas nunca ha sido el cartel de la entrada, sino lo que hay detrás. Varias ciudades declararon sus zonas restringidas con la ordenanza aprobada y sin cámaras ni lectores de matrícula, de manera que la restricción existía sobre el papel y poco más. El control real se ha concentrado en Madrid y Barcelona, que sí tienen perimetraje con cámaras y sanción efectiva. El resto ha funcionado con señales y controles puntuales.

La modificación también tiene una lectura económica. El MITECO vincula la evaluación del cumplimiento a los instrumentos de financiación destinados a la transformación digital y sostenible del transporte urbano. Traducido: acreditar la ZBE no solo evita tener una norma incumplida, también abre la puerta a fondos para cámaras, plataformas y sistemas de control. En otras capitales europeas ese control lleva años resuelto con lector de matrículas en cada acceso.

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Para el conductor, el resumen es práctico. Comprueba que tu etiqueta ambiental está solicitada y visible, revisa la ordenanza de tu ciudad y no des por hecho que un periodo de gracia te cubre: el sentido de la norma aprobada es justo el contrario. Puedes consultar el detalle en la información del Ministerio para la Transición Ecológica y, cuando se publique, en el texto oficial del BOE. El próximo hito es esa publicación y, a partir de ahí, la ronda de acreditaciones municipales.

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