El Supremo condena a un inspector de la Policía Local por anular una multa de tráfico tras un stop

La Sala de lo Penal confirma penas de prisión para el inspector que borró la denuncia y para la conductora que llamó a su 'amigo'. La sentencia refuerza la presunción de veracidad de las multas de tráfico.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un inspector de la Policía Local por anular una multa de tráfico que una compañera se había ganado a pulso tras saltarse un stop. La sentencia, dictada por la sección primera de la Sala de lo Penal, cierra un caso que arranca en 2012 en Torrevieja y deja un mensaje claro: borrar una denuncia por compromiso tiene consecuencias penales. Y no pequeñas.

El inspector, ya jubilado, accedió a la petición de una encargada del servicio de Protección Civil de la localidad. Ella se había saltado un stop y estuvo a punto de colisionar con un vehículo policial. Los agentes la pararon y, según recoge la sentencia, ella misma se encargó de dejar claro cómo pensaba resolverlo. Ocho meses de prisión para él por un delito de infidelidad en la custodia de documentos. Siete meses y medio para ella por tráfico de influencias.

Qué pasó: un stop, una multa y un favor que acabó en el Supremo

Los hechos los recoge el relato judicial sin adornos. Estamos en 2012. Una conductora, entonces responsable del servicio de Protección Civil de Torrevieja, se salta una señal de stop y provoca una situación de peligro real. Un vehículo de la Policía Local está a punto de impactar contra el suyo. Los agentes la denuncian.

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Mientras la multan, la mujer avisa de que no piensa pagar. La frase que recoge la sentencia es un clásico del exceso de confianza: ‘Claro que te firmo la denuncia hijo, si no la voy a pagar, escribe lo que quieras que voy a llamar ahora mismo a mi amigo el inspector Vera’. Y lo hizo.

El tal Vera, entonces inspector de la Policía Local, destruyó el boletín de denuncia. La instrucción a la conductora, según el relato del tribunal: que se olvidara de esa multa y que no volviera a preguntar por ella. Y, según recoge el fallo, no era la primera vez que hacía desaparecer una sanción. Ese detalle es el que ha terminado de inclinar la balanza.

Anular una multa sin base legal no es un favor administrativo: es un delito que la justicia castiga con prisión e inhabilitación.

Cuánto cuesta (de verdad) anular una multa de tráfico

Aquí conviene separar dos cosas que se confunden mucho. Una es querer recurrir una multa de tráfico por los cauces legales. Otra es anularla por la puerta de atrás. La primera está permitida, tiene plazos y se tramita con alegaciones. La segunda entra de lleno en el Código Penal. Y ahí las cifras ya no se cuentan en euros, se cuentan en meses.

Para el conductor que se salta un stop, la multa de tráfico es una infracción grave: 200 euros y 4 puntos del carnet menos. En el momento de los hechos, la sanción estaba fijada en los mismos términos. Ese es el punto de partida. La instrucción del Reglamento General de Circulación es rotunda: detenerse ante la señal es obligatorio, no opcional.

Lo que hace este caso distinto es la reacción del funcionario. El Código Penal lo tiene tipificado: un inspector de policía que anula multas de forma arbitraria se enfrenta a un delito de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial o tráfico de influencias. Las penas incluyen inhabilitación durante años y prisión. No es una amonestación interna. Es una condena firme.

Por qué esta sentencia importa al conductor que quiere recurrir

La tentación es leer la noticia y pensar que hay dos varas de medir. Pero la sentencia dice justo lo contrario. Primero, porque confirma que la multa original era válida: el hecho existía, la infracción estaba tipificada y el agente que la redactó actuó conforme a la norma. Segundo, porque el que la hizo desaparecer es el que ha acabado condenado. En la práctica, quien quiere anular una multa de tráfico tiene el camino legal abierto: 20 días naturales para el pronto pago con un 50% de descuento, o 20 días hábiles para presentar alegaciones. No hace falta llamar a ningún amigo.

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Y tercero, porque la resolución del Supremo sienta un precedente que refuerza la presunción de veracidad de las denuncias de la DGT y de la Guardia Civil de Tráfico. Quien quiera tumbar una multa tendrá que aportar pruebas, no contactos. Como debe ser.

El caso de Torrevieja también deja una lectura interna. El Supremo confirma condena por un delito de infidelidad en la custodia de documentos, que es la figura penal que castiga a la autoridad o funcionario que destruye o sustrae un documento que tiene bajo su custodia. Y lo hace pese a que el inspector salió absuelto en 2022 de otros cargos (malversación de caudales públicos y descubrimiento y revelación de secretos) junto con dos agentes. Es decir, el alto tribunal ha visto indicios claros y contundentes en la vía documental.

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Para la conductora, la cosa no quedó en ‘amiga, perdona el stop’. Los siete meses y medio por tráfico de influencias son la cara de la misma moneda. Es decir: si se confirma que la infracción y el contacto con el mando se usaron para eludir una sanción, el Código Penal mira a los dos lados.

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