Los procesos penales enjuiciados por el procedimiento abreviado tienen una duración aproximada de un año, aunque en función de las circunstancias este plazo pueda verse aumentado o reducido, dependiendo de factores tales como la complejidad de las diligencias de prueba a practicar en la fase de instrucción, el tiempo de sanidad de las víctimas lesionadas, la complejidad de las tasaciones periciales de los daños sufridos, cuestiones de índole interna del propio juzgado, etc.

Por el contrario en la tramitación de los juicios rápidos, aunque por ley los jueces que instruyen el proceso deben convocar a las partes, peritos y testigos al acto de la vista o juicio oral ante el juez de lo penal en el día más inmediato posible, y en todo caso dentro de los 15 días siguientes, en la práctica estos procesos vienen tendiendo una duración que viene oscilando entre los diez o quince días, y hasta el mes o mes y medio en ocasiones.

En vía civil los plazos estimados de resolución pueden variar, entre los ocho meses y el año y medio para conseguir una sentencia dictada en un proceso declarativo.

Si el condenado no cumpliera voluntariamente la sentencia y hubiera que abrir la fase de ejecución, se demoraría el cobro de las indemnizaciones y estaríamos hablando de plazos que oscilarían alrededor de los ocho meses y el año o año y medio.