La Guardia Civil busca a los autores de los radares destrozados en Sevilla: hasta 3 años de cárcel y 80.000 euros de factura por aparato.
La provincia de Sevilla tiene varios cinemómetros fuera de servicio. Unos han aparecido calcinados; otros, arrancados del soporte con la ayuda de un vehículo. La Guardia Civil de Tráfico ha abierto una investigación para identificar a los responsables, unos hechos que han trascendido porque los propios implicados grabaron los destrozos y los difundieron por redes sociales.
Los vídeos circulan desde hace días y muestran a personas encapuchadas cebándose con los equipos. Por ahora no hay detenidos y tampoco una cifra oficial de dispositivos afectados.
Dónde han atacado: de la A-92 a la Ronda Urbana Norte
Las grabaciones sitúan varios escenarios distintos en la provincia, con métodos que van del fuego a la fuerza bruta:
- A-92, en el acceso a Sevilla desde Alcalá de Guadaíra: un encapuchado prende fuego a un radar colocado junto a un panel de información de tráfico.
- Un segundo dispositivo: aparece arrancado de su estructura con la ayuda de un vehículo, a la vista de quien grababa.
- Ronda Urbana Norte: ha sido destruido un radar de titularidad municipal.
La investigación la asume la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico de Andalucía, el equipo que se ocupa de este tipo de delitos contra el patrimonio de las carreteras. Las autoridades no han concretado cuántos aparatos han quedado inservibles ni si todos los episodios comparten autoría o responden a una misma campaña.
Cuántos años de cárcel y cuánto dinero se juegan los autores
Lo que sobre el asfalto parece una gamberrada nocturna es, en términos legales, un delito de daños del Código Penal. La horquilla que se maneja en estos casos es de prisión de uno a tres años, a lo que se suma la obligación de asumir el coste íntegro de lo destruido.
Y ese coste pesa, y mucho. Cada radar dañado se valora entre 60.000 y 80.000 euros, según el modelo y el estado de la instalación. Ahí entran la carcasa blindada, la cámara, el flash, el sistema de comunicaciones y la mano de obra de reposición. No es una caja barata: es un equipo de precisión homologado para medir velocidad con valor probatorio.
A la vía penal se añaden las sanciones administrativas que pueda abrir la administración titular del equipo —estatal, autonómica o municipal según la carretera— y la reclamación civil por los perjuicios causados.
Un radar cuesta entre 60.000 y 80.000 euros: quien lo quema no se ahorra ninguna multa, se queda además con la factura del aparato.
Conviene aclarar un detalle que se repite en estos episodios. En la práctica, destruir el cinemómetro no anula las denuncias que ese equipo haya podido tramitar antes: los expedientes ya notificados siguen su curso con total normalidad.
Por qué el vandalismo no le sale a cuenta a nadie
Los perfiles que han difundido los vídeos atribuyen los hechos a un grupo de jóvenes que se presenta como contrario a la instalación de radares. Y ahí está la paradoja: estar en contra de un cinemómetro es perfectamente legítimo; destruirlo es un delito que se persigue igual que cualquier otro daño en propiedad ajena.
Cuando un aparato queda inservible, la administración lo repone y el control no desaparece: se refuerza con otros medios, como cinemómetros móviles o la vigilancia ordinaria de la DGT en carretera. El resultado es que el conductor de la zona acaba viéndose las caras con más controles, no con menos.
El camino sensato cuando llega una multa a casa es otro: alegar. El plazo habitual es de 20 días naturales desde la notificación y, si decides acogerse al pronto pago, te ahorras el 50% del importe pero renuncias a recurrir. Lo de prender fuego al radar no borra la sanción: le añade una causa penal que puede acabar en prisión.
El caso sigue abierto: no hay detenidos y todavía no se ha confirmado que todos los episodios estén relacionados entre sí ni que los firme el mismo grupo. La investigación trabaja para esclarecer las circunstancias de cada ataque e identificar a las personas implicadas.
Mientras tanto, el reloj corre para los autores. Cada vídeo difundido en redes es, en la práctica, una prueba que trabaja en su contra: muestra el método, la hora aproximada y a veces hasta el vehículo utilizado. Lo que se colgó para presumir puede acabar encima de la mesa del instructor.
Ficha de la Multa
- A quién afecta: a los autores de los ataques contra cinemómetros en la provincia de Sevilla, que aún no están identificados y por los que no se ha practicado ninguna detención.
- Cifras a tener en cuenta: prisión de 1 a 3 años por un delito de daños, más el pago de entre 60.000 y 80.000 euros por cada radar destruido. La investigación la lleva la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico de Andalucía.
- Consejo para evitarlo: si un radar te sanciona, la vía es recurrir en los 20 días naturales siguientes; quemar el equipo no anula la denuncia y añade un proceso penal que puede costarte la libertad y el patrimonio.

