Mercedes-Benz tiene hasta el 1 de diciembre para explicar al Congreso de EE UU por qué cerca del 20% de su capital está en manos chinas.
La carta salió del Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes el pasado 17 de noviembre. La firman John Moolenaar, presidente republicano del panel, y Ro Khanna, su homólogo demócrata. Contiene una veintena larga de preguntas y una petición incómoda: documentación y una reunión con Jason Hoff, consejero delegado de Mercedes-Benz Norteamérica.
La respuesta oficial de la marca es la de manual. Recibida la misiva, cooperará; el consejo actúa con independencia y ‘nuestros accionistas no tienen asientos ni autoridad en la gestión’. Correcto en el plano societario. Insuficiente en el político. Washington no pregunta por gobernanza, pregunta por soberanía tecnológica.
El umbral del 15% que Mercedes-Benz ya ha rebasado
Los números que maneja el comité son dos, y conviene ponerlos en orden. BAIC Group, el holding estatal de Pekín, controla cerca del 10% de Mercedes-Benz. Li Shufu, fundador de Geely, acumula otro paquete próximo al 10% a título personal. Total: en torno al 20% del capital en manos vinculadas al Estado chino o a un industrial con intereses directos en el sector.
El dato pesa porque el Comité de Comercio del Senado aprobó el pasado julio un proyecto de ley que veta la venta de vehículos en EE UU a toda compañía con más del 15% de propiedad china. Mercedes-Benz cruza ese umbral. Volvo Cars, con Geely como accionista mayoritario, lo rebasa sin discusión. Comparten problema, abogados y, con bastante probabilidad, estrategia de despacho.
La carta no se queda en el accionariado. Pide detalles sobre posibles influencias de Pekín en decisiones estratégicas, acuerdos de cesión de tecnología, acceso chino al trabajo de I+D de la marca, componentes fabricados en China montados en vehículos vendidos en EE UU y contactos con cargos públicos del país asiático. Exige además preservar documentos y comunicaciones electrónicas. Traducido al castellano de empresa: si hay algo, que no se borre.
El capital se audita en Fráncfort; la cadena de suministro se audita en Washington, y para eso no valen los informes anuales.
La exención que Moreno da por hecha y su letra pequeña
El senador republicano Bernie Moreno ha declarado que espera una exención en el texto final. Es la razón de que Mercedes-Benz siga apareciendo en esta pelea pese a su doble accionista: en el Capitolio nadie cree realmente que la marca alemana vaya a quedar fuera del mercado estadounidense. La pregunta no es si habrá carve-out. Es a cambio de qué.
Aquí está la lectura industrial que importa. Una exención no sale gratis: se paga con trazabilidad de la cadena de suministro, auditorías de datos y compromisos por escrito sobre qué piezas de origen chino entran en un GLE o un GLS matriculado en Ohio. Para una marca que ensambla buena parte de sus SUV en Alabama, el coste no es arancelario. Es administrativo y de ingeniería: sostener dos cadenas de valor en paralelo, una para América y otra para el resto del mundo, con el mismo coche y dos expedientes distintos.
Y hay un precedente que el sector haría mal en olvidar. La norma heredada de la Administración Biden, aprobada a comienzos de 2025, ya vetó a los fabricantes chinos vender o construir turismos en EE UU por el riesgo de que los datos de los conductores acabaran en Pekín. Sobre ese suelo se han apilado aranceles por encima del 100% a los eléctricos de origen chino. El coche dejó de ser comercio en en esa frontera.
Quién gana, quién pierde y por qué Bruselas mira de reojo
El primer damnificado es la propia Mercedes-Benz, y no por sus fábricas chinas, sino por su estructura accionarial. Ahí está la paradoja. La marca alemana no produce en China para exportar a EE UU —lo hacen BMW, Volvo y buena parte del sector—, pero es la única del trío premium con dos socios chinos sentados en el capital. El riesgo es de cap table, no de línea de montaje.
El primer beneficiado, en cambio, es la competencia que no tiene ese expediente abierto. General Motors, Ford, Toyota o Hyundai observan desde fuera cómo un rival directo en el segmento de lujo quema recursos de compliance respondiendo a un comité del Congreso en lugar de en lanzamientos. En paralelo, el caso Volvo demuestra que esto no va de una marca: va de un modelo de propiedad.
La comparación con Europa es obligada, y algo incómoda. Bruselas respondió a la ofensiva china con derechos compensatorios sobre los eléctricos, una solución arancelaria que grava el producto. Washington, en cambio, está legislando sobre el accionista. Son dos filosofías distintas de defensa industrial: la europea pega al coche que entra; la estadounidense, al dueño que lo fabrica. Europa llega tarde, además, porque ningún Estado miembro ha abierto expediente por la participación de BAIC en Mercedes-Benz ni por el intercambio técnico que arrastra.
El precedente de Stellantis y Leapmotor sirve para medir la temperatura. Un grupo europeo licenciando plataforma y distribución de una marca china en Europa es exactamente el tipo de acuerdo de cesión tecnológica que el comité de Moolenaar quiere radiografiar, solo que en dirección inversa. Si Washington endurece el criterio, el intercambio técnico entre Europa y China dejará de ser una decisión empresarial y pasará a ser política exterior.
Queda el calendario. El 1 de diciembre es la fecha de entrega, no el final del proceso. Cámara y Senado deben converger en un texto, y ahí se decidirá si el umbral del 15% admite excepciones nominativas o se convierte en regla dura. Moreno ya ha anticipado que espera protección para Mercedes-Benz y para Volvo. Lo que no ha dicho es qué contrapartidas se piden a cambio.
Mi lectura es que la marca alemana saldrá del trance, pero con una factura que no aparecerá en ningún titular: dos cadenas de suministro documentadas por separado, más auditorías y menos margen para decidir desde dónde compra. El accionista chino no se mueve. El coste lo paga la estructura, y eso acaba llegando al precio del coche o al margen del concesionario.
Análisis de Impacto Motor16
- Dato de mercado: en torno al 20% del capital de Mercedes-Benz está en manos de BAIC Group y de Li Shufu, por encima del umbral del 15% que fija el proyecto de ley aprobado por el Comité de Comercio del Senado. Es la única del trío premium alemán en esa situación.
- El rumor: el senador republicano Bernie Moreno da por hecha una exención para Mercedes-Benz y ha insinuado que Volvo Cars recibiría un trato equivalente. En el sector se lee como una enmienda pactada, no como una concesión espontánea.
- Veredicto: la marca seguirá vendiendo en EE UU, pero pagará con trazabilidad documental de su cadena de suministro y auditorías de datos. El riesgo real no es la prohibición: es el coste fijo de sostener dos cadenas de valor paralelas.

