Solo unos días antes de la entrada en vigor de la baliza V16 en España, ya hablábamos de un posible varapalo desde Europa para la Dirección General de Tráfico (DGT). Sonaba a una inocentada el pasado 28 de diciembre, pero la realidad siempre supera a la ficción y ahora la Unión Europea acorrala al dispositivo que ha llegado para sustituir a los triángulos de emergencia.
En Bruselas no entran a juzgar el funcionamiento de la baliza V16, ni siquiera si es buena desde el punto de vista de la seguridad o no. Es una cuestión más bien jurídica que puede tener más recorrido del que la DGT espera.
La Comisión Europea ha cuestionado el procedimiento que ha seguido España para imponer la obligatoriedad de la baliza V16 conectada desde el 1 de enero de 2026. Básicamente, se preguntan si el Gobierno notificó correctamente la nueva norma, como exige el Derecho de la Unión Europea.
Este es el origen del problema para la DGT: una directiva que hay que cumplir
La Directiva (UE) 2015/1535 es la ‘culpable’ de todo este lío. Esta norma obliga a los Estados miembro a comunicar a la Comisión Europea cualquier proyecto de reglamento técnico antes de aprobarlo. De esta manera, la UE se asegura de que las reglas nacionales no choquen con el marco común de la Unión.
El vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Stéphane Séjourné, ha señalado que los reales decretos españoles relacionados con la baliza V16 no fueron notificados conforme a este procedimiento. Además, recuerdan que incumplirlo puede dar lugar a actuaciones bajo el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es decir, que podría abrirse un procedimiento de infracción contra España.
Por otro lado, desde el Partido Popular Europeo han impulsado una petición ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para analizar la legalidad de la medida. Sostienen que imponer la baliza V16 únicamente a vehículos matriculados en España podría vulnerar principios como la igualdad de trato o la proporcionalidad dentro del mercado interior.
¿Puede quedar en el aire la obligación de la DGT?
Si finalmente los tribunales consideran que la norma no se puede aplicar por un defecto en la tramitación, la DGT se tendría que enfrentar a consecuencias bastante amplias. Por supuesto, también los conductores.
Para empezar, sería posible recurrir cualquier multa relacionada con no llevar la baliza V16, basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Suele ser la consecuencia cuando una norma no ha seguido el procedimiento legal.
¿Y qué pasa con el dinero que se han gastado los conductores españoles? La baliza V16 conectada cuesta entre 30 y 50 euros, pero todo apunta a que la DGT no tendría que devolver el importe en ningún caso. También hay otra implicación económica. El Partido Popular Europeo calcula que la implantación de la baliza podría haber generado hasta 300 millones de euros solo en IVA.
Dolors Monserrat, secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE) y vicepresidenta del EPP, argumenta que «el Gobierno de Sánchez ha priorizado la recaudación frente a la seguridad vial y la protección de los consumidores».
Y también habría que tener en cuenta la distorsión del mercado. La denuncia ante el Parlamento Europeo menciona algo que la DGT ya ha tenido que gestionar, y es la cantidad de dispositivos no homologados que han circulado por internet en los últimos meses. Así como la publicidad engañosa con balizas que supuestamente se vendían como ‘autorizadas por la DGT’ y en realidad no servían. El problema es que hay muchos conductores que todavía no saben diferenciar una baliza homologada de una que no lo es.
