Los radares de velocidad. Un sistema de vigilancia omnipresente, que subyace detrás del volante de los conductores europeos y del resto del mundo. En Europa, con más de 66.000 dispositivos dispersos por todo el continente, estos cinemómetros se erigen como guardianes de la seguridad vial, pero también como fuentes de controversia y discordia.
La discusión sobre la efectividad y el propósito real de estos radares ha alcanzado un punto crítico, especialmente en países como España e Italia, donde la densidad de estos dispositivos rivaliza con la de naciones mucho más extensas geográficamente. Italia, en particular, ha dado un paso audaz en su intento por equilibrar la seguridad en las carreteras con la percepción de justicia de los conductores.
Estudiaremos hoy la presencia de los radares en las carreteras europeas, su importancia en la prevención de accidentes, así como la polémica en torno a su supuesto enfoque recaudatorio. Además, analizaremos de cerca las medidas adoptadas por Italia para contrarrestar este efecto, desafiando el status quo y abriendo un debate crucial sobre el equilibrio entre seguridad vial y justicia para los conductores.
3Mala reinversión de la recaudación por sanciones
Los argumentos detrás de esta iniciativa son contundentes. La presencia masiva de radares no ha demostrado correlacionarse con una mejora significativa en la seguridad vial. Datos de 2022 revelaron un aumento del 10% en las muertes por accidentes de tráfico con respecto al año anterior, lo que sugiere que la mera instalación de dispositivos no es suficiente para evitar tragedias en las carreteras.
Además, el descontento ciudadano respecto a los radares también se alimenta de la falta de transparencia en el uso de los ingresos generados por las multas. Los municipios italianos, a menudo responsables de la gestión de estos dispositivos, han sido objeto de críticas por el presunto uso de los fondos recaudados para propósitos distintos a la mejora de la seguridad vial. Tullio Ferrante, subsecretario de Transporte, denunció esta práctica como «reprochable», argumentando que los ingresos deberían reinvertirse en la infraestructura vial y otras medidas efectivas para salvaguardar la vida de los conductores y peatones.
