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sábado, 26 julio 2025

La multa que la Guardia Civil o la Policía te va a poner si te pilla manteniendo relaciones sexuales en el coche tiene cuatro dígitos

En pleno siglo XXI, todavía hay quienes piensan que tener relaciones sexuales dentro del coche, ya sea por impulso, por falta de privacidad o simplemente por diversión, es algo anecdótico o sin mayores consecuencias. Pero la realidad legal en España es bastante clara: hacerlo en determinadas circunstancias puede costarte una multa que fácilmente alcanza los cuatro dígitos.

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Lo que comienza como una aventura romántica o pasional puede terminar en una sanción económica considerable, acompañada de una buena dosis de vergüenza si te pillan en pleno acto. Las fuerzas del orden, tanto Guardia Civil como Policía Local o Nacional, tienen la capacidad de actuar si se vulneran normas de convivencia o seguridad, y no dudan en imponer multas cuando se infringen ciertas leyes. En este artículo repasamos los distintos escenarios posibles y lo que dice la legislación española al respecto.

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Sexo en el coche estacionado: legalidad condicionada

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fuente: propia

Una de las situaciones más frecuentes es aquella en la que la pareja se detiene con el vehículo estacionado, ya sea en una calle poco transitada, un aparcamiento vacío o un entorno natural. ¿Es legal mantener relaciones en este contexto? Depende. La clave está en si el acto es visible para terceros o se considera una ofensa a la convivencia ciudadana.

Si se practica en un lugar apartado, sin visibilidad desde la vía pública, probablemente no haya problema legal. Sin embargo, si alguien denuncia que lo ha presenciado o si los agentes te sorprenden en pleno acto en una zona transitada, se puede aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como «Ley Mordaza». Esta norma contempla sanciones por exhibicionismo u ofensas al pudor en la vía pública, con multas que pueden oscilar entre los 100 y 600 euros por considerarse una infracción leve.

Eso sí, si en el entorno hay presencia de menores de edad o personas especialmente vulnerables, la situación se agrava, y ya no hablamos de una infracción administrativa, sino de un posible delito penal.

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