La clasificación ambiental de la DGT nació con un objetivo claro: discriminar positivamente a los vehículos más limpios y ayudar a los ayuntamientos a gestionar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Sin embargo, casi una década después de su implantación, el sistema acumula críticas por parte de organizaciones ecologistas, que lo consideran poco riguroso y engañoso para el consumidor.
El problema es que estas etiquetas, que condicionan tanto el acceso a las ciudades como el bolsillo del conductor, han terminado siendo un instrumento favorable a los fabricantes de automóviles. Hoy, muchos modelos de gran tamaño y consumo presumen de distintivo ECO o incluso Cero Emisiones, aunque en la práctica generen una huella de carbono nada despreciable.
5Hacia una revisión inevitable
La presión social y política empieza a hacer mella. Una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible incluye la obligación de revisar el sistema de etiquetas para incorporar las emisiones de CO2 a la clasificación. El Gobierno se ha comprometido a elaborar en un plazo de doce meses un informe técnico que rediseñe los criterios, con participación de varios ministerios y comunidades autónomas.
El reto será encontrar un equilibrio entre la protección ambiental y la viabilidad de una industria del motor que sigue siendo estratégica para la economía española. No obstante, si no se corrigen los fallos, las Zonas de Bajas Emisiones perderán efectividad, y los ciudadanos seguirán circulando engañados por un distintivo que no dice toda la verdad sobre su coche.
