Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) llegaron hace unos pocos años para quedarse. Su propósito inicial era mejorar la calidad del aire y reducir el tráfico en las ciudades, pero algunos ayuntamientos han encontrado en ellas una auténtica mina de oro. Y lo cierto es que las multas de los últimos años han disparado los ingresos municipales hasta niveles difícilmente justificables para una medida que solo busca cuidar el mediombiente.
Hay consistorios que han duplicado, incluso triplicado, lo que habían previsto ingresar en concepto de las ZBE. A eso se le suma que varias sentencias judiciales han anulado las ordenanzas locales, aunque en muchos casos todavía no hay sentencia firme, así que se siguen emitiendo y cobrando las sanciones. De hecho, hay conductores que no saben que tienen derecho a recurrir.
¿Cuánto recaudan los ayuntamientos por las multas de las ZBE?

Uno de los mejores ejemplos lo encontramos en L’Hospitalet de Llobregat, en el área metropolitana de Barcelona. Según datos recopilados por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), la recaudación por multas de ZBE en este municipio ha sido muy superior a la previsión inicial en los últimos años.
En 2021 presupuestaron 2,55 millones de euros y acabaron recaudando 4,4 millones, con un superávit de 1,85 millones. La tendencia continuó al alza en 2022, donde los 3 millones previstos se convirtieron en 12,16 millones, generando un exceso de nada menos que 9,17 millones de euros.
Pero fue en 2023 cuando alcanzaron un auténtico récord: de los 6,15 millones presupuestados, finalmente ingresaron 18,48 millones y lograron un superávit histórico de 12,33 millones. En 2024, la cifra se moderó ligeramente, pero aún así superó las previsiones: 14,21 millones recaudados frente a los 12 millones previstos. Para 2025, las previsiones municipales han bajado ligeramente hasta 11,34 millones, aunque todavía no hay datos definitivos.
Madrid tampoco se queda atrás. Entre septiembre de 2021 y julio de 2024, la capital ha impuesto 2.506.611 sanciones, por un valor económico total cercano a los 500 millones de euros (479.658.910 euros). Unas cifras que invitan a pensar que las ZBE se han convertido en un recurso financiero más que en una simple herramienta medioambiental. Y lo peor es que las sanciones siguen a la orden del día, a pesar de que los tribunales han declarado nulas algunas de las ordenanzas municipales que regulan las ZBE.
¿Qué dicen los tribunales?

Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como el de Madrid han declarado la nulidad de las normativas que regulan las ZBE en sus respectivos ámbitos. ¿El motivo? Defectos de forma y carencias legales en la redacción de las ordenanzas. Sin embargo, lejos de anular las sanciones, muchos ayuntamientos han optado por recurrir al Tribunal Supremo, lo que permite seguir multando mientras llega la sentencia definitiva.
Mario Arnaldo, presidente de AEA, señala que han generado «un multimillonario negocio de multas de dudosa legalidad, que no quieren devolver, e incluso las siguen cobrando ejecutivamente mediante el embargo de cuentas bancarias, a pesar de que el Tribunal Supremo ya ha confirmado su ilegalidad”.
«Lo más grave no es que los ayuntamientos estén generando ingresos para las arcas municipales en base a unas multas de dudosa legalidad, sino que el órgano encargado de cobrar esas multas sigue embargando cuentas bancarias de los automovilistas incluso después de que los tribunales haya declarado nulas las ordenanzas municipales por sentencia firme», añade.
Por eso, su recomendación para todos los afectados es que recurran las multas de las ZBE. Lo que sugiere es recopilar toda la información correspondiente, estar atento a los plazos y, si es posible, contar con el asesoramiento de entidades especializadas en estas cuestiones. Recuerda incluso que aunque la multa haya entrado en fase de embargo, hay vías suficientes para recurrirla e impugnarla.