En un giro sorprendente, el estado de Georgia está a punto de eliminar todas los radares de velocidad de las zonas escolares, menos de una década después de haberlas autorizado. La decisión, impulsada por legisladores que afirman que las multas emitidas han sido injustas y erróneas, ha generado un intenso debate sobre la seguridad vial y la eficiencia de estos dispositivos.
Estas cámaras han sido una herramienta polémica desde su implementación en 2018, cuando se justificaron como un mecanismo para proteger a los niños en los alrededores de las escuelas. Sin embargo, informes recientes indican que ciudadanos han sido multados incluso cuando no había clases, lo que ha generado un malestar creciente. «Las cámaras no están calibradas y se activan fuera del horario escolar, lo que provoca multas injustas», afirmó el representante estatal Brian Prince, uno de los impulsores de la derogación.
Los radares recaudaron más de 200 millones de dólares
El aspecto económico también ha sido clave en la discusión. Desde su instalación, estos radares han generado más de 112 millones de dólares en 54 ciudades y condados, aunque algunos legisladores estiman que la cifra real supera los 200 millones. Dale Washburn, republicano de Macon y patrocinador del proyecto de ley HB 225, sostiene que las empresas encargadas de las cámaras se han beneficiado a expensas de los ciudadanos. «Estas compañías solo buscan poner multas, no mejorar la seguridad», declaró a la Associated Press.
Sin embargo, los defensores de las cámaras de velocidad argumentan que los dispositivos han sido efectivos. En Decatur, por ejemplo, un jefe de policía local aseguró que la implementación de estas tecnologías redujo el exceso de velocidad en un 92% dentro de las zonas escolares. «Sin esta vigilancia electrónica, no podríamos haber alcanzado estas reducciones», señaló el oficial, evidenciando la dicotomía entre seguridad y regulación.
No solo sacarían los radares
Otro aspecto controvertido es el proyecto de ley HB 651, que impediría que el estado bloquee el registro de los conductores que no paguen sus multas. Esto podría derivar en situaciones similares a las vistas en Maryland, donde solo tres conductores acumularon más de 330 multas sin consecuencias legales. Esta medida genera preocupación entre quienes temen que la eliminación de los radares y la flexibilización de sanciones resulten en un aumento del incumplimiento de las normas de tránsito.
La decisión final todavía está en el aire. Mientras algunos legisladores abogan por una revisión y calibración adecuada de las cámaras en lugar de su eliminación total, otros consideran que la medida es un paso hacia una regulación más justa. En cualquier caso, Georgia está a punto de convertirse en un experimento sin precedentes en seguridad vial escolar, y su desenlace podría sentar un precedente para otras ciudades y estados en el futuro.
