Cuando se habla de la estructura del Gobierno español, muchas veces se tiende a pensar únicamente en ministros, secretarios de Estado y asesores. Sin embargo, hay un detalle que pasa desapercibido para la mayoría de los ciudadanos y que representa un gasto continuo y elevado: la flota de conductores oficiales que tienen asignados los diferentes departamentos. Bajo el mandato de Pedro Sánchez, esta cifra ha alcanzado nada menos que los 900 chóferes, una cantidad que, para muchos, resulta excesiva y que se compara con el tamaño de un auténtico ejército de vehículos al servicio de la política.
Este número no solo refleja una forma de organizar la logística gubernamental, sino que también abre un debate sobre los costes que se cargan a las arcas públicas. Cada conductor implica un salario, cotizaciones sociales, dietas, combustible, mantenimiento del vehículo y otros gastos asociados. En un momento en el que muchos ciudadanos hacen cuentas para llegar a fin de mes, esta realidad genera un contraste evidente y despierta preguntas incómodas: ¿es realmente necesario que el Gobierno de Sánchez disponga de una flota de casi un millar de chóferes?
4Comparación con otros países europeos
Uno de los argumentos que más llama la atención es la comparación con otros gobiernos europeos. En países como Alemania, Francia o Italia, aunque también existen chóferes oficiales, el número suele ser menor en proporción al tamaño del Ejecutivo. Además, en algunos casos se promueve que los altos cargos utilicen más el transporte público o medios alternativos cuando las circunstancias lo permiten.
En este sentido, el Gobierno de Sánchez queda en una posición incómoda, ya que España no se caracteriza precisamente por tener un Estado pequeño o poco costoso en términos de personal. La sensación es que mantenemos una estructura sobredimensionada en relación con nuestras posibilidades económicas y con el contexto de ajustes que muchas familias deben afrontar día a día.
