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domingo, 28 septiembre 2025

900: El número de chóferes del Gobierno de Sánchez es propio de un ejército que pagas de tu bolsillo

El Ejecutivo de Sánchez cuenta con alrededor de 900 chóferes oficiales. Una cifra que sorprende por su magnitud y que supone un importante gasto anual a cargo de los contribuyentes.

Cuando se habla de la estructura del Gobierno español, muchas veces se tiende a pensar únicamente en ministros, secretarios de Estado y asesores. Sin embargo, hay un detalle que pasa desapercibido para la mayoría de los ciudadanos y que representa un gasto continuo y elevado: la flota de conductores oficiales que tienen asignados los diferentes departamentos. Bajo el mandato de Pedro Sánchez, esta cifra ha alcanzado nada menos que los 900 chóferes, una cantidad que, para muchos, resulta excesiva y que se compara con el tamaño de un auténtico ejército de vehículos al servicio de la política.

Este número no solo refleja una forma de organizar la logística gubernamental, sino que también abre un debate sobre los costes que se cargan a las arcas públicas. Cada conductor implica un salario, cotizaciones sociales, dietas, combustible, mantenimiento del vehículo y otros gastos asociados. En un momento en el que muchos ciudadanos hacen cuentas para llegar a fin de mes, esta realidad genera un contraste evidente y despierta preguntas incómodas: ¿es realmente necesario que el Gobierno de Sánchez disponga de una flota de casi un millar de chóferes?

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El coste oculto que pagamos todos los ciudadanos

fuente: Cupra

Un chófer no solo implica el pago de un salario, que puede rondar entre los 20.000 y 30.000 euros anuales según la categoría. A ello hay que añadir cotizaciones sociales, posibles complementos, dietas y pluses, sin olvidar el gasto del vehículo que conducen: combustible, seguros, revisiones, neumáticos y mantenimiento general. Si multiplicamos todos estos factores por 900, el montante total supera varios millones de euros al año.

Este gasto se financia, obviamente, con los impuestos de los ciudadanos. Cada contribuyente, aunque no lo perciba directamente, aporta una parte a esa flota oficial que traslada a los miembros del Ejecutivo y a los altos cargos de la administración central. Mientras tanto, muchos españoles se ven obligados a compartir coche para ahorrar en combustible o a dejar el suyo aparcado por el coste que supone llenarlo de gasolina o diésel. Esa comparación agranda la percepción de desigualdad.

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