Cuando se habla de la estructura del Gobierno español, muchas veces se tiende a pensar únicamente en ministros, secretarios de Estado y asesores. Sin embargo, hay un detalle que pasa desapercibido para la mayoría de los ciudadanos y que representa un gasto continuo y elevado: la flota de conductores oficiales que tienen asignados los diferentes departamentos. Bajo el mandato de Pedro Sánchez, esta cifra ha alcanzado nada menos que los 900 chóferes, una cantidad que, para muchos, resulta excesiva y que se compara con el tamaño de un auténtico ejército de vehículos al servicio de la política.
Este número no solo refleja una forma de organizar la logística gubernamental, sino que también abre un debate sobre los costes que se cargan a las arcas públicas. Cada conductor implica un salario, cotizaciones sociales, dietas, combustible, mantenimiento del vehículo y otros gastos asociados. En un momento en el que muchos ciudadanos hacen cuentas para llegar a fin de mes, esta realidad genera un contraste evidente y despierta preguntas incómodas: ¿es realmente necesario que el Gobierno de Sánchez disponga de una flota de casi un millar de chóferes?
1Una flota sobredimensionada para un gobierno de Sánchez cada vez más grande
La cifra de 900 chóferes no es un número simbólico ni un redondeo aproximado, sino una estimación real que refleja la envergadura de la maquinaria del Ejecutivo. El aumento del número de ministerios y altos cargos bajo el Gobierno de Sánchez ha provocado una expansión directa en la necesidad de conductores asignados a cada responsable político. Cada ministro, secretario de Estado, subsecretario o director general dispone de un vehículo oficial con su respectivo chófer, lo que multiplica los recursos necesarios de manera exponencial.
Si comparamos con etapas anteriores, se observa un crecimiento claro. Otros presidentes habían reducido la cifra de vehículos oficiales como gesto de austeridad, pero la administración actual ha seguido una tendencia opuesta. Para algunos analistas, esto responde a una manera de entender el poder: dar mayor relevancia al aparato gubernamental y reforzar la comodidad de quienes lo integran. Para otros, es simplemente un gasto innecesario que podría reducirse sin afectar al funcionamiento del Estado.
