La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado que el Gobierno tiene previsto destinar al sector de la automoción 10.000 millones de euros procedentes del mecanismo europeo para la reactivación económica Next Generation EU. Esto supone el 14% de los fondos de reactivación para los próximos tres años.
El anuncio se realizó durante la reunión de la segunda Mesa de Automoción, que congregó a representantes de Comunidades Autónomas y de toda la cadena de valor del sector del automóvil. La Mesa estuvo presidida por la ministra Maroto y a la misma asistieron también el secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.
El sector de la automoción, representado por las asociaciones de fabricantes de automóviles, Anfac, y de componentes, Sernauto, y las de distribución y comercialización de vehículos, Faconauto y Ganvam, consideran que es una buena noticia la intención de destinar estos fondos al automóvil, pero han pedido definir un modelo para la industria que se ha de alcanzar a través de la puesta en marcha de las acciones contempladas en el Plan de Impulso a la Cadena de Valor del Sector de la Automoción. En este sentido, han avanzado que «se deben plantear medidas a corto plazo, para fomentar la recuperación y a medio y largo plazo, para progresar en la transformación del sector hacia la industria de la movilidad del futuro con el objetivo final de descarbonizar la movilidad en 2040 pero manteniendo unos niveles de producción, mercado y empleo como los actuales».
Cómo se repartirá el dinero
Según la ministra «la prioridad del Gobierno es desarrollar un ecosistema de movilidad sostenible, inteligente, segura y conectada, reforzando la industria automovilística española, y apoyar su descarbonización, conectividad, 5G, infraestructura de recarga y vehículos alternativos, con el objetivo de que sea una palanca para la recuperación económica y social en los próximos años».
En este sentido, 6.000 millones de euros -la partida más grande- irían destinados a poner en marcha el Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos, que contempla, entre otra acciones, la creación de zonas de bajas emisiones o el despliegue masivo de infraestructura de recarga, clave para el impulso del vehículo eléctrico.
Otros 1.500 millones de euros se destinarían a desarrollar la Hoja de Ruta del Hidrógeno renovable, «queserá una de las palancas clave de reactivación económica ligadas a la transición energética».
1.200 millones de euros de esos fondos europeos se destinarán a poner en marcha una línea de apoyo a proyectos estratégicos para la transición industrial, que permitirá impulsar la modernización de la industria de automoción, mediante la digitalización, el impulso de la conectividad y 5G y la mejora de la eficiencia energética.
Qué pide el sector
La automoción representa el 11% del PIB y da empleo al 9% de la población activa, unos dos millones de puestos de trabajo teniendo en cuenta toda la cadena de valor. Los representantes del sector de la automoción entienden que este se encuentra en un momento de inflexión muy importante, porque la crisis provocada por la pandemia se va a prolongar previsiblemente en 2021 sin que los apoyos al mercado y la industria estén asegurados. Además, la adaptación a la nueva normativa de medición de emisiones de CO2 (WLTP) provocará una subida del impuesto de matriculación muy negativa en un contexto de caída del mercado, que se prevé llegará al 35% en 2020 y que será la tercera peor de Europa.
El sector reclama en este sentido una reforma integral de la fiscalidad del automóvil, que incluya criterios medioambientales, privilegie los vehículos electrificados, penalice el uso de vehículos más viejos respecto de la compra de otros más eficientes y que no dificulte la renovación del parque.
Además, la asociaciones del sector reclaman un compromiso claro de que el objetivo final común es la descarbonización y digitalización pero aspirando a mantener los tres millones de vehículos producidos en España en todo momento y a que el mercado interno llegue a 1,5 millones de unidades anuales. «España debe priorizar el mantenimiento de la producción y el empleo en nuestro país, y eso es posible con unas medidas que faciliten la transición de manera ordenada», explican.
