La Zona de Bajas Emisiones de Málaga ya no multa: el Ayuntamiento ha suspendido las cámaras y revisará más de 46.500 denuncias.
El consistorio dejó de tramitar sanciones a mediados de octubre, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara la ordenanza. La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, confirmó la paralización y explicó que los expedientes ya abiertos se revisarán uno a uno.
Lo que todavía no está cerrado es el dinero. El Ayuntamiento no confirma por ahora que vaya a devolver el importe a quienes ya pagaron, y traslada esa competencia a los órganos de recaudación municipales.
Qué cambia para los coches que circulan por Málaga
En la práctica, el cambio se nota en la calle. Las cámaras que leían matrículas en el perímetro restringido han dejado de emitir propuestas de sanción, y los coches que la ordenanza dejaba fuera pueden volver a entrar sin miedo a la multa.
El criterio de la ZBE malagueña era el distintivo ambiental de la DGT, la etiqueta que va pegada al parabrisas y que ordena el parque automovilístico en cinco niveles: A (sin distintivo), B, C, ECO y Cero. Quedaba prohibido el paso a los vehículos sin etiqueta, los más antiguos y los que más contaminan.
La suspensión no significa que Málaga renuncie a la ZBE. El Ayuntamiento trabaja en un texto nuevo que sustituya al anulado y que mantenga el objetivo de reducir emisiones en el centro. El consistorio no ha concretado todavía ni los criterios que aplicará ni el calendario.
Si ya pagaste una multa de la ZBE de Málaga, el fin de las sanciones no te devuelve el dinero: habrá que esperar a la revisión.
Conviene distinguir dos cosas que se están mezclando en las últimas semanas. Una es la suspensión de la ZBE, que afecta a quien circula hoy por la ciudad. Otra es la validez de las multas anteriores, que depende de un procedimiento administrativo distinto y bastante más lento.
Por qué el TSJA ha anulado la ZBE de Málaga
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la ordenanza el pasado mes de mayo. La sentencia apreció dos problemas de fondo: el régimen discriminaba entre los vehículos de los residentes empadronados en la capital y los de quienes viven fuera, y la norma llegó sin las memorias económicas detalladas que exige la tramitación.
Málaga no implantó la ZBE por gusto. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, publicada en el BOE, obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a contar con una zona de bajas emisiones. El Ayuntamiento aplicó la suya, según su versión, para no perder la ayuda estatal al transporte público.
La concejala de Movilidad ha defendido la gestión municipal y ha reclamado un marco estatal común: sostiene que cada consistorio ha legislado a su manera y que hace falta un criterio homogéneo. También ha puesto sobre la mesa el peso del transporte público en la ciudad, que cerrará el año con más de 70 millones de viajes en autobús frente a los 32 millones de hace cinco años.
Con la ordenanza anulada, el Ayuntamiento se ha comprometido a redactar un texto adaptado al fallo. Los artículos derogados por el tribunal son nulos y el consistorio insiste en que su voluntad sigue siendo cumplir la ley.
Qué pasa con las 46.500 multas ya impuestas
Las sanciones nuevas están paralizadas. Las viejas, sin resolver. El Ayuntamiento revisará tanto los expedientes abiertos como las multas ya impuestas, que superan las 46.500, pero no pone fecha a esa revisión ni confirma que vaya a devolver el dinero cobrado. La información municipal se publica en la web del Ayuntamiento de Málaga.
La concejala ha derivado la cuestión a los servicios de recaudación, que son los que gestionan los pagos. De ahí que la respuesta dependa del momento en que esté cada expediente:
- Expediente abierto y sin pagar: queda a la espera de la revisión municipal; si el Ayuntamiento anula la sanción, el procedimiento decae sin necesidad de recurso.
- Sanción ya abonada: la devolución no es automática. El consistorio remite a los órganos de recaudación y no ha fijado ningún calendario.
- Recurso o alegación en marcha: conviene conservar la notificación y el justificante, porque la anulación de la ordenanza refuerza la posición del conductor.
El consejo práctico es guardar todos los papeles y no dar por hecha la devolución. Tampoco lo contrario: el Ayuntamiento ha asegurado que ningún ciudadano pagará una sanción derivada de una ordenanza tumbada por los tribunales.
Un precedente que miran otras ciudades
La sentencia no obliga a nada fuera de Málaga. Pero cualquier ayuntamiento que haya copiado el modelo malagueño tiene motivos para revisar su propio texto antes de que llegue un recurso parecido. El fallo andaluz señala dos puntos que se repiten en muchas ordenanzas: el trato distinto a los coches de fuera y la falta de documentación económica.
Cada ciudad ha diseñado su zona de bajas emisiones con criterios propios. Unas priman el distintivo ambiental del vehículo, otras el domicilio del titular y el perímetro cambia de una a otra. En algunas, la etiqueta B ya tiene restricciones en episodios de contaminación; en otras, el veto se limita a los coches sin etiqueta.
Para el conductor, la consecuencia es clara: lo que vale en Málaga no vale en otra ciudad. Si viajas con frecuencia o te mueves entre municipios del área metropolitana, toca consultar la ordenanza de cada localidad. La suspensión malagueña no se extiende más allá del término municipal.
El siguiente hito está en la nueva ordenanza. El Ayuntamiento no ha fijado fecha y el texto tendrá que sortear los dos escollos que tumbaron el anterior: un trato igual para residentes y visitantes y memorias económicas en regla. Mientras llega, el criterio para circular por Málaga es uno solo: no hay multas.
