La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pulsado el botón rojo del cambio climático en una comunidad autónoma que se convierte en el laboratorio de pruebas de la nueva movilidad. Mientras la mayoría de conductores miraba de reojo la temida etiqueta B amarilla, pensando que era un problema lejano de madrileños y barceloneses, el Boletín Oficial de Cantabria ha adelantado el futuro de un plumazo. Si tienes un coche diésel matriculado entre 2006 y 2013, o un gasolina de 2000 a 2006, prepárate porque tu libertad de movimientos acaba de caducar en el norte de España.
El fin de los coches con etiqueta B ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad legislativa en Cantabria.
La comunidad cántabra se adelanta al resto del país y establece la prohibición total de circular con vehículos de etiqueta B en sus Zonas de Bajas Emisiones a partir de 2026. Analizamos qué municipios están afectados y las multas por incumplimiento.
Lo que parecía una distopía de ciencia ficción para muchos conductores cántabros se ha materializado en una normativa pionera y contundente. El Gobierno de Cantabria ha decidido cortar por lo sano y no esperar a las moratorias que se plantean en otras regiones. A partir del próximo 1 de enero de 2026, los coches con etiqueta B de la DGT pasarán a ser piezas de museo inservibles para moverse por los núcleos urbanos más importantes de la región, independientemente de si eres residente o un turista despistado que viene a comer anchoas.
La medida ha caído como un jarro de agua fría entre los propietarios de estos vehículos, que representan una parte muy significativa del parque móvil regional. No estamos hablando de coches clásicos de colección, sino de vehículos que hasta ayer eran perfectamente funcionales para ir al trabajo o llevar a los niños al colegio. La decisión cántabra sienta un precedente peligroso para el resto de España, donde muchos alcaldes observan con lupa si la medida se aplica con mano dura o si la presión social obliga a dar marcha atrás.
El mapa del tesoro (prohibido): ¿Dónde ya no puedes entrar?
La normativa no se aplica a las carreteras de montaña de los Picos de Europa, sino a los pulmones urbanos de la comunidad. Los municipios obligados a implementar estas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) «sin etiqueta B» son aquellos que superan los 50.000 habitantes. En la práctica, esto significa que Santander y Torrelavega se convierten en fortalezas inexpugnables para los coches amarillos, que deberán buscarse la vida en aparcamientos disuasorios de las afueras si no quieren enfrentarse al sistema de cámaras que leerá matrículas automáticamente.
Además, la ley cántabra introduce un matiz importante que afecta a municipios más pequeños pero turísticos. Aquellas localidades de más de 20.000 habitantes que superen ciertos umbrales de contaminación en épocas punta, como el verano, también podrán activar estas restricciones. Así que, ojo si piensas ir a Castro Urdiales o a Laredo en agosto con tu viejo diésel, porque podrías encontrarte con que la señal de prohibido el paso se activa justo cuando estás buscando aparcamiento cerca de la playa.
La multa que te quitará las ganas de probar suerte
Para los que piensan que esto es solo una recomendación bienintencionada, la Ley de Tráfico tiene preparada una sorpresa desagradable. Entrar en una Zona de Bajas Emisiones con un vehículo no autorizado se considera una infracción grave, y la multa asciende a 200 euros. No hay retirada de puntos del carnet, pero el roto en la cartera es lo suficientemente importante como para que te lo pienses dos veces antes de intentar colarte.
Lo más preocupante es que, al ser un sistema automatizado mediante cámaras de lectura de matrículas, la capacidad de sanción es masiva y constante. No hay un agente al que puedas intentar convencer con una excusa; es una máquina la que te hace la foto y te manda la receta a casa. El objetivo es claro: hacer que sea económicamente insostenible mantener estos coches en circulación, forzando una renovación del parque móvil que muchos ciudadanos no pueden permitirse en el contexto económico actual.
¿Qué coches llevan la maldita etiqueta B?
Muchos conductores aún no saben qué pegatina lleva su coche o si la tienen puesta correctamente en el parabrisas. La etiqueta B de la DGT, ese distintivo amarillo que se ha convertido en el enemigo público número uno, corresponde a los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados desde el 1 de enero de 2000 hasta diciembre de 2005. Si tu coche usa este combustible y tiene más de 18 años, estás en la diana de esta normativa restrictiva.
El grupo más numeroso de afectados, y el que suele generar más emisiones de NOx, son los vehículos diésel. En este caso, la etiqueta B se asigna a los matriculados entre enero de 2006 y diciembre de 2013. Estamos hablando de una generación entera de coches superventas como el Seat León o el Volkswagen Golf, que hace apenas una década eran considerados la compra inteligente y que ahora se ven empujados al desguace o a la venta en el mercado de segunda mano de otras comunidades.
El efecto dominó: ¿Quién será el siguiente?
Cantabria ha sido la primera en cruzar esta línea roja, pero no será la última en un panorama nacional cada vez más restrictivo. Su decisión envía un mensaje claro al resto de comunidades autónomas que están diseñando sus propias normativas de movilidad sostenible. Si un gobierno regional, a priori menos presionado que Madrid o Cataluña, se atreve a prohibir la etiqueta B, es cuestión de tiempo que otras regiones sigan el mismo camino para cumplir con los objetivos climáticos europeos.
Los ayuntamientos de ciudades medianas de toda España están observando con atención el experimento cántabro. Si la implementación es exitosa a nivel técnico y no provoca un estallido social, el modelo se exportará rápidamente, acelerando el fin de los coches diésel y gasolina más antiguos. La etiqueta B ha pasado de ser una advertencia a una sentencia de muerte con fecha de ejecución, y Cantabria ha sido la encargada de apretar el gatillo en primer lugar.
