En solo seis meses, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga ha generado 35.257 multas de 200 euros. La cifra la ha confirmado el Ayuntamiento a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló la ordenanza por discriminar a los vehículos que no pagan el impuesto de circulación en la capital. Las sanciones siguen activas mientras el consistorio estudia recurrir al Tribunal Supremo.
Lo que necesitas saber
- Por qué es importante: Las multas se acumulan a pesar de la anulación judicial, lo que abre un escenario de inseguridad jurídica y posibles devoluciones masivas.
- Cómo te afecta: Si tienes un coche sin etiqueta ambiental y pagas el IVTM fuera de Málaga, la Policía Local puede multarte con 200 euros (100 con pronto pago) por acceder a la ZBE.
- Puntos clave y plazos: La sentencia del TSJA es de junio de 2026; el Ayuntamiento valora el recurso de casación al Supremo. Las sanciones no se detendrán hasta que la ordenanza cambie o un tribunal lo exija.
El embrollo jurídico: qué dice la sentencia
La ZBE de Málaga, en vigor desde noviembre de 2025, solo multaba a los coches y motos que no llevaran distintivo ambiental y cuyo impuesto de circulación estuviera domiciliado fuera del municipio. El TSJA considera que esa distinción vulnera los principios de igualdad, libre circulación y libre mercado que recoge la Constitución, por lo que anuló la parte sancionadora de la norma.
El tribunal no cuestiona la medida ambiental en sí, sino el hecho de que los vehículos de Málaga capital quedaran exentos durante los primeros cinco años para que pudieran agotar su vida útil. Esta exención selectiva es lo que ha llevado a la anulación y al actual embrollo jurídico.
¿Qué pasa con las multas mientras tanto?
Pese al varapalo judicial, el régimen sancionador no se ha suspendido. El Ayuntamiento asegura que legalmente no puede parar las multas hasta que la sentencia sea firme o se modifique la ordenanza. Desde el 30 de noviembre de 2025 hasta el 30 de junio de 2026 se han registrado 35.257 denuncias de la Policía Local, con una media semanal de 1.400 sanciones y picos de hasta 1.652 en febrero.
Cada infracción cuesta 200 euros, reducibles a 100 por pronto pago, y no resta puntos del carné. Con esos números, la recaudación estimada oscila entre 3,5 y 7 millones de euros en solo seis meses, un dinero que la oposición exige destinar a movilidad sostenible y aparcamientos disuasorios.
Las multas siguen cayendo aunque la ordenanza ha sido anulada, y el Ayuntamiento podría verse obligado a devolver todo lo recaudado.
Contexto y futuro de la ZBE malagueña
La sentencia del TSJA abre una fase de gran inseguridad jurídica. Si el Supremo inadmite el recurso o confirma la anulación, el Ayuntamiento tendría que modificar la ordenanza para multar también a los vehículos empadronados en Málaga, algo que no estaba previsto hasta al menos 2030. Además, la administración podría enfrentarse a una avalancha de reclamaciones para devolver las sanciones ya cobradas.
Desde el Área de Movilidad se defiende que la ZBE ha eliminado una media de 25.000 coches diarios del centro, un dato que evidencia el impacto ambiental positivo. No obstante, la concejala Toni Morillas (Con Málaga) insiste en que el equipo de gobierno debería paralizar las multas inmediatamente y usar lo recaudado para construir los 5.000 aparcamientos disuasorios prometidos en 2023, que siguen sin ejecutarse. “De la Torre prometió 5.000 plazas y no ha construido ni una”, ha subrayado.
A finales de 2026 está previsto que la ZBE dé un paso más: las sanciones se extenderán a los vehículos con etiqueta B, los segundos más contaminantes. Esta ampliación se solapará con la incertidumbre judicial actual, lo que añade más presión a la necesidad de aclarar el marco legal cuanto antes.
