La Unión Europea está pisando el acelerador hacia la movilidad sin emisiones, y lo está haciendo con una decisión que ya hace temblar los bolsillos de millones de conductores. Bruselas prepara un nuevo impuesto que afectará directamente al precio de la gasolina y el diésel a partir de 2027. El objetivo: reducir el uso de combustibles fósiles y empujar con contundencia hacia los vehículos eléctricos.
El problema es que esa estrategia llega en un momento delicado. En España, la edad media del parque automovilístico supera los 14 años y la electrificación avanza a un ritmo mucho más lento del deseado. La mayoría de conductores no pueden permitirse un coche nuevo, mucho menos uno eléctrico. En este contexto, la llegada de un impuesto que podría elevar los carburantes por encima de los 2 € el litro levanta una gran preocupación.
4Un parque automovilístico envejecido y poco electrificado
España llega a 2027 con una flota de vehículos poco preparada para una subida drástica del precio del combustible. Más del 60% del parque sigue siendo diésel y un 34%, gasolina. El resto corresponde a híbridos, enchufables y eléctricos, aunque estos últimos aún representan una mínima fracción del total. Con una media de 14,5 años, gran parte de los conductores necesitaría renovar su coche para adaptarse al nuevo escenario.
El problema es evidente. El precio del eléctrico sigue siendo muy alto para muchas familias, y las ayudas públicas son lentas o insuficientes. Si el impuesto dispara el coste del carburante, millones de personas podrían verse atrapadas entre dos tierras: de un lado, la imposibilidad de asumir el coste del combustible; del otro, la dificultad económica para cambiar de vehículo.
