Primero llegaron los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT), después las Zonas de Bajas Emisiones (DGT) y ahora también nuevos impuestos para coches con etiqueta B y C. Si tienes en el parabrisas una etiqueta de color verde o amarillo, lo que tenemos que contarte te interesa.
La medida está respaldada por la Ley de Movilidad Sostenible que el Gobierno ha aprobado recientemente en el Congreso con el fin de avanzar hacia una movilidad mucho más limpia y ecológica. La norma en sí misma no establece ningún impuesto, pero sí que permite a los ayuntamientos implantar los que crean necesarios según las emisiones de cada vehículo o en caso de que se cumplan ciertos motivos medioambientales.
Por tanto, quien más contamine (los vehículos con etiqueta B y C), tendrán que pagar un impuesto en las ciudades que así lo consideren. Eso sí, habrá normas, distintas tarifas y excepciones, y lógicamente va a dar pie a un mapa bastante desigual en toda España.
1Así es el nuevo impuesto que puede llegar a las ciudades
A diferencia de otros impuestos, ese no se va a aplicar en todo el territorio nacional, ni siquiera de forma autónoma. Cada ayuntamiento tendrá la última palabra para decidir si lo pone en marcha, de qué manera, en qué zonas y con qué criterios. Todo apunta a que las ciudades más grandes (Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla) van a ser las primeras en mover ficha. Son precisamente los lugares en las que las ZBE están más consolidadas y aun así hay problemas con los niveles de contaminación.
De esta manera, los ayuntamientos podrán fijar sus propios impuestos por circular o acceder a determinadas zonas. En la mayoría de los casos, va a afectar a coches con más de diez años —sobre todo gasolina y diésel con etiquetas B o C—, aunque la norma deja la puerta abierta a incluir a los ECO también.
El Gobierno justifica la medida que se incluye en la Ley de Movilidad Sostenible como un paso necesario para reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire. Pero tenemos que mirar más arriba, porque España se ha comprometido con los objetivos europeos de descarbonización, y el transporte representa casi un tercio de las emisiones totales.
No obstante, los expertos ya advierten de que el impacto recaudatorio podría ser mucho mayor que el ambiental, sobre todo si las tasas no van acompañadas de mejoras en el transporte público o ayudas reales para renovar el parque móvil. El resultado debería ser un modelo más flexible, pero también desigual. Al quedar la decisión en manos de los ayuntamientos, probablemente entre en juego la guerra entre partidos políticos y la posición que cada uno ya mantiene con las ZBE.
