La movilidad urbana en España está viviendo una auténtica revolución. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, junto con el Real Decreto 1052/2022, ha marcado un antes y un después en la gestión del tráfico, la calidad del aire y el diseño de las ciudades. Ambas normativas han hecho que los municipios con más de 50.000 habitantes estén obligados a implantar una ZBE (Zona de Bajas Emisiones), una medida que pretende reducir los niveles de contaminación atmosférica y mejorar la salud pública.
Sin embargo, la realidad muestra un panorama desigual. Mientras ciudades como Madrid o Barcelona ya cuentan con sistemas consolidados y controles automatizados, otras urbes todavía están en una fase de planificación o implementación parcial. Según el visor oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), muchas de las localidades obligadas por ley aún no han logrado tener una zona completamente operativa. Este retraso plantea un reto importante: ¿están nuestras ciudades preparadas para cumplir con los objetivos europeos de descarbonización antes de 2030?
2Qué exigen la ley de cambio climático y el real decreto 1052/2022
El artículo 14 de la Ley de Cambio Climático establece la obligación para los municipios con más de 50.000 habitantes —y aquellos con más de 20.000 con problemas de calidad del aire— de disponer de una ZBE antes de 2023. Posteriormente, el Real Decreto 1052/2022 concretó los requisitos técnicos y de control: desde la delimitación del área, la instalación de señalización homologada y sistemas de cámaras, hasta los protocolos de comunicación con la DGT.
Además, el decreto no se limita a la contaminación: también busca fomentar la movilidad activa, el transporte público y el despliegue de infraestructura para el vehículo eléctrico. En este sentido, las ZBE se integran dentro de un ecosistema urbano más amplio, que incluye la creación de puntos de recarga, zonas de estacionamiento disuasorio y la digitalización de la movilidad.
