La baliza V-16 ha pasado en apenas unos años de ser un accesorio casi desconocido a convertirse en uno de los dispositivos más comentados —y discutidos— del mundo del motor en España. Su implantación progresiva, el respaldo normativo de la DGT y la fecha marcada en rojo en el calendario para su obligatoriedad han provocado una auténtica avalancha de compras por parte de los conductores. Pero más allá de la seguridad vial, hay una pregunta que cada vez se escucha más en talleres, foros y sobremesas: ¿quién gana realmente con todo esto?
Mientras el debate público se centra en si la baliza es más o menos eficaz que los triángulos, en su conectividad o en su durabilidad, hay otro aspecto del que apenas se habla: el impacto económico de esta obligación para las arcas públicas. Porque cada baliza vendida paga IVA. Y cuando hablamos de millones de dispositivos vendidos, la cifra que recauda Hacienda empieza a ser, como mínimo, llamativa.
4Fabricantes, homologaciones y un mercado muy controlado
Otro aspecto clave es que no todas las balizas sirven. La normativa exige que estén homologadas y conectadas con la plataforma correspondiente. Esto ha reducido enormemente el número de fabricantes autorizados y ha creado un mercado muy controlado, con precios relativamente estables.
En un escenario así, la competencia real es limitada y los márgenes son más previsibles. El consumidor no puede optar por una alternativa más barata sin homologación, porque no cumpliría la ley. Y eso garantiza un volumen de ventas constante hasta que el parque móvil esté completamente adaptado.
Para Hacienda, este contexto es ideal: precios controlados, demanda obligatoria y un impuesto fijo aplicado a cada venta de baliza.
