La baliza V-16 ha pasado en apenas unos años de ser un accesorio casi desconocido a convertirse en uno de los dispositivos más comentados —y discutidos— del mundo del motor en España. Su implantación progresiva, el respaldo normativo de la DGT y la fecha marcada en rojo en el calendario para su obligatoriedad han provocado una auténtica avalancha de compras por parte de los conductores. Pero más allá de la seguridad vial, hay una pregunta que cada vez se escucha más en talleres, foros y sobremesas: ¿quién gana realmente con todo esto?
Mientras el debate público se centra en si la baliza es más o menos eficaz que los triángulos, en su conectividad o en su durabilidad, hay otro aspecto del que apenas se habla: el impacto económico de esta obligación para las arcas públicas. Porque cada baliza vendida paga IVA. Y cuando hablamos de millones de dispositivos vendidos, la cifra que recauda Hacienda empieza a ser, como mínimo, llamativa.
3Hacienda, el gran beneficiado que no aparece en el debate
A diferencia de fabricantes, distribuidores o incluso de la DGT, Hacienda no suele aparecer en el foco mediático cuando se habla de la baliza. Sin embargo, es uno de los grandes beneficiados del proceso. No asume costes de fabricación, ni de logística, ni de homologación, pero recibe ingresos directos por cada unidad vendida.
Este tipo de recaudación es especialmente eficaz desde el punto de vista fiscal: es automática, inmediata y difícil de esquivar. El conductor compra la baliza convencido de que cumple la ley y, sin darse cuenta, contribuye a una recaudación multimillonaria que apenas genera polémica pública.
Algunos expertos en fiscalidad señalan que pocas medidas recientes en el ámbito del tráfico han generado un retorno tan claro en impuestos indirectos en tan poco tiempo.
