La baliza V-16 ha pasado en apenas unos años de ser un accesorio casi desconocido a convertirse en uno de los dispositivos más comentados —y discutidos— del mundo del motor en España. Su implantación progresiva, el respaldo normativo de la DGT y la fecha marcada en rojo en el calendario para su obligatoriedad han provocado una auténtica avalancha de compras por parte de los conductores. Pero más allá de la seguridad vial, hay una pregunta que cada vez se escucha más en talleres, foros y sobremesas: ¿quién gana realmente con todo esto?
Mientras el debate público se centra en si la baliza es más o menos eficaz que los triángulos, en su conectividad o en su durabilidad, hay otro aspecto del que apenas se habla: el impacto económico de esta obligación para las arcas públicas. Porque cada baliza vendida paga IVA. Y cuando hablamos de millones de dispositivos vendidos, la cifra que recauda Hacienda empieza a ser, como mínimo, llamativa.
1Una obligación que mueve millones de unidades
Para entender el alcance del fenómeno hay que partir de una cifra clave: el tamaño del parque móvil en España. Según los últimos datos oficiales, en nuestro país circulan más de 24 millones de turismos, a los que hay que sumar furgonetas, vehículos industriales ligeros y otros tipos de automóviles que también deberán llevar una baliza V-16 conectada.
Aunque no todos los vehículos se renuevan a la vez, el proceso de sustitución de los triángulos por la baliza está siendo masivo. Muchos conductores se han adelantado a la fecha límite por desconocimiento, por miedo a sanciones o simplemente por seguir las recomendaciones oficiales. El resultado es un mercado que ha colocado millones de unidades en muy poco tiempo.
Cada una de esas ventas, independientemente de la marca o del canal de distribución, deja un porcentaje fijo en forma de impuestos. Y ahí es donde entra en juego el verdadero negocio silencioso.
