La orden de Trump para generalizar el diésel agrícola en EEUU es un parche fiscal disfrazado de política energética. El decreto elimina las restricciones del llamado diésel rojo y aplaza el impuesto federal de 24 centavos por galón hasta finales de año, justo cuando el gasóleo supera los 6 dólares por galón de promedio nacional.
Los números explican la urgencia. Desde el estallido del conflicto entre EEUU, Israel e Irán a principios de 2026, la gasolina regular sin plomo se ha encarecido en torno a un 50% y el diésel más de un 34%, según los datos recogidos por Motorpasión. Antes de la guerra, el promedio nacional rondaba los 3 dólares por galón. En primavera saltó a 4,50 y el gasóleo escaló por encima de los 6 dólares, un récord histórico en el país.
En un territorio donde el coche privado es un bien de primera necesidad y el transporte público queda reservado a las grandes ciudades, la factura del carburante se convierte en un asunto electoral de primer orden. Trump lo ha resuelto con una firma y una frase: cualquier persona podrá comprar diésel rojo ‘libre de impuestos, para cualquier fin’. Nadie quiere decirlo en voz alta, pero el propio presidente admitió que no sabía qué diablos era y zanjó que, sea lo que sea, ‘se supone que es muy bueno’.
Lo que la orden cambia y lo que solo maquilla
El diésel rojo es idéntico al gasóleo convencional. La única diferencia es que no paga impuestos y se tiñe de rojo para identificar su uso exclusivo fuera de carretera: tractores, maquinaria industrial, generadores. Hasta ahora, repostarlo en un turismo era una infracción castigada con multas en prácticamente todos los estados. Con la orden, esa frontera legal se difumina.
En la práctica, el efecto inmediato es un alivio en el surtidor para quien tenga cerca un punto de venta de gasóleo agrícola. El efecto de fondo es que el control del fraude se queda sin herramienta. Si cualquiera puede repostar diésel rojo legalmente, la inspección pierde su objeto: ya no existe una norma que separe el uso exento del uso sujeto a impuesto.
Una rebaja fiscal alivia la factura del conductor hoy y agranda el agujero de la infraestructura que ese mismo conductor usará mañana.
El agujero fiscal que sostiene las carreteras
Ahí está el nudo del asunto. Los 24 centavos por galón que ahora se aplazan no son un gravamen cualquiera. Alimentan el fondo federal de carreteras, la caja con la que se mantienen las vías por las que circulan precisamente los vehículos que podrán repostar sin pagarlo. Aplazar la recaudación hasta finales de año es sencillo. Reponerla después, con un parque móvil que no deja de crecer, no lo es.
La medida llega además sin tope de volumen ni de beneficiario. No distingue entre el transportista que mueve mercancía y el particular que llena el depósito de su pick-up. Tampoco distingue entre estados: California, con los impuestos sobre carburante más altos del país, apenas notará el alivio, porque su carga fiscal es estatal y no federal. El decreto topa ahí con el muro de la fiscalidad descentralizada estadounidense.
El repostaje no es el problema. Aun con el impuesto aplazado, la orden no toca el componente que de verdad dispara la factura: el precio del crudo y el de la refinería. Dejémoslo en un alivio marginal.
Del gasóleo profesional español al diésel rojo británico: la excepción fiscal como muleta
La excepción fiscal sobre el gasóleo agrícola no es una invención estadounidense. España aplica desde hace décadas un régimen propio para el gasóleo agrícola y profesional, con tipos reducidos y devoluciones parciales del impuesto de hidrocarburos que el profesional recupera según consumo. La diferencia con el modelo que acaba de firmar Trump es sustancial: aquí el beneficio está acotado por actividad y por volumen, con trazabilidad y sanciones específicas. En EEUU, la orden abre la puerta a un uso general sin esas costuras.
Reino Unido recorrió el camino inverso. Recortó en 2022 las exenciones del diésel rojo para limitarlo a la agricultura, la pesca y unos pocos sectores, precisamente para cerrar las vías de fraude que se habían abierto. El movimiento de Trump va en dirección contraria: en lugar de estrechar la excepción, la convierte en norma. Es lo que ocurre cuando una crisis de precios obliga a improvisar.
La lectura industrial es incómoda. No hay rebaja fiscal capaz de refinar un barril más ni de reconstruir una refinería dañada. El cuello de botella está en la producción y en la logística, golpeadas a la vez por el frente de Ucrania y Rusia, y por el de EEUU, Israel e Irán. Mientras siga destruyéndose infraestructura energética, cualquier alivio fiscal será una aspirina sobre una fractura.
El sector energético no ha tardado en reaccionar, y no para aplaudir. Persiste la incertidumbre sobre cómo encajará la orden con la normativa estatal de colorantes y con los sistemas de control que cada estado aplica por su cuenta. En el fondo, una pregunta sin responder: quién asume el coste de mantener las carreteras de un país que decide dejar de pagar por usarlas.
Queda un hito claro por delante: la fecha de caducidad del aplazamiento, a finales de año. Si para entonces el diésel sigue por encima de los 6 dólares, EEUU tendrá que elegir entre prorrogar el parche, asumir un agujero mayor en la caja de carreteras o mirar donde siempre estuvo la solución, en el precio del crudo y en la geopolítica que lo mueve.
Análisis de Impacto Motor16
- Dato de mercado: el diésel superó los 6 dólares por galón en EEUU y la gasolina regular acumula una subida cercana al 50% desde el inicio del conflicto con Irán, con el impuesto federal de 24 centavos aplazado hasta final de año.
- El rumor: se especula con una prórroga del aplazamiento más allá de diciembre y con que varios estados endurecerán el control del colorante para compensar la caída de recaudación.
- Veredicto: alivio inmediato y recorrido estructural casi nulo; traslada el coste del conductor al fondo de carreteras y deja intacto el verdadero cuello de botella, la producción y el refino.
