El conflicto entre el sector del taxi y las plataformas de VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) ha sido una batalla constante en los tribunales y las calles de España, generando tensiones y debates acalorados.
Este enfrentamiento tiene su origen en una decisión gubernamental tomada en 2009, cuando se eliminó el límite de una licencia de VTC por cada 30 de taxi, desencadenando un aumento en las solicitudes de autorizaciones de VTC. Aunque en 2015 se restableció la proporción 1/30, esta solo se aplicó a las nuevas licencias, dejando en la incertidumbre miles de solicitudes pendientes.
4Un debate pendiente sobre la Movilidad Urbana
Sin embargo, la región presidida por Isabel Díaz Ayuso se ha caracterizado por elaborar leyes más laxas para los VTC, frente a las más restrictivas como las catalanas, a no ser que se vea obligada a restringir su actividad por las presiones del sector del taxi.
Según los últimos datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en la Comunidad de Madrid hay 15.363 autorizaciones de taxi y 8.893 de VTC, en Cataluña 12.361 de taxi y 3.219 de VTC. En el conjunto del país, hay 60.983 de taxi y 19.093 de VTC.
En resumen, el conflicto persistente entre el taxi y las VTC está lejos de resolverse. Más bien, plantea un debate fundamental sobre el modelo de movilidad que se desea para las ciudades, requiriendo una conciliación de intereses económicos, sociales y ambientales. La reciente sentencia del Supremo y los cambios normativos sugieren que el panorama de la movilidad urbana en España continuará siendo un terreno de disputa y adaptación.
