España ha presumido siempre de tener una de las redes de control de tráfico más sofisticadas de toda Europa. Pero en los últimos años hemos visto cómo la Dirección General de Tráfico (DGT) ha introducido en las carreteras españolas los radares chinos.
A priori, tecnología nueva que suele ser más sofisticada, pero el ‘pequeño’ detalle es que está vetada en Estados Unidos, Australia o Países Bajos, y que sus fabricantes están relacionados con problemas de ciberseguridad y una cercanía sospechosa con el régimen de Pekín.
Por ejemplo, el caso más conocido es el de Dahua Technology, compañía que desde el año 2022 suministra a España modelos como el DHI-HWS800A. Un radar bastante preciso, que no presenta muchos fallos y además es barato, pues cuesta la mitad que sus equivalentes europeos. El factor económico es el que ha hecho que sea el radar más comprado por la DGT para controlar la velocidad en carretera, pero lógicamente abre un debate sobre la procedencia o si es una decisión acertada.
La llegada de los radares chinos a España
Los primeros radares de Dahua llegaron en el verano de 2022 y, desde entonces, se han expandido a pasos agigantados por nuestras carreteras. Forman parte de los procedimientos de la DGT, y bastantes ayuntamientos los incluyen en sus pliegos de contratación. Al final, un radar europeo puede costar más de 100.000 euros, mientras que los chinos se adquieren por menos de la mitad.
A nivel técnico, las prestaciones de los radares Duha son bastante potentes. Funcionan en banda K modulada y se apoyan en el efecto Doppler para calcular con precisión la velocidad, distancia y ángulo de los vehículos. Son capaces de distinguir varios coches circulando a la vez, medir a decenas de metros de distancia y además son prácticamente indetectables por los sistemas antirradar. Y encima se pueden alimentar mediante placas solares.
Por ejemplo, hay uno en Tenerife que controla un tramo limitado a 70 km/h; en Navarra, el Ayuntamiento de Noaín destinó más de 100.000 euros a 32 cámaras con tecnología Dahua o Hikvision. Alcoy, Madrid y varios ayuntamientos de Catalunya, Baleares, la Comunidad Valenciana y buena parte del norte de España ya los utilizan.
¿Cuál es el problema de esta tecnología?
El debate no tiene nada que ver con el funcionamiento en sí de los radares, sino que está más relacionado con cuestiones políticas. Dahua, como Huawei o Hikvision, aparece en la lista negra de empresas vetadas en Estados Unidos por riesgo de espionaje y por su estrecha vinculación con el Gobierno chino. Países Bajos, Dinamarca o Lituania son algunos de los países europeos que también los han mantenido al margen.
De hecho, hay organizaciones que han denunciado el uso de esta tecnología para tareas de vigilancia masiva en Turquestán Oriental. Por ejemplo, México implantó de forma masiva estos cinemómetros y generó tensiones diplomáticas con Washington.
El debate ahora es que la DGT está en la misma ‘lista’ de compradores de países como Kazajistán, Etiopía o Tartaristán. Sobre todo porque nuestro país está más alineado con otros mercados y tiene más cercanía con otro tipo de socios internacionales, y estos consideran inasumible una tecnología que se expone a vulnerabilidades.
Por tanto, ¿la precisión de estos radares y el ahorro son suficientes para justificar el uso de la tecnología china? Sí, son eficaces, no presentan ningún problema en las carreteras e incluso le facilitan la vida a la DGT. El problema no es la tecnología en sí misma, sino de dónde viene y en la falta de confianza que existe sobre los fabricantes que manejan la información que recogen estos dispositivos.
