Para asegurar que los fabricantes de automóviles respetan las normas de seguridad medioambiente y producción de la UE, la Comisión ha presentado un paquete de propuestas con importantes castigos por hacer trampas.
La propuesta mantiene el control nacional, que rige hasta el momento, al que añade muchos más controles, como auditorías a los servicios técnicos encargados de efectuar las inspecciones técnicas (empresas que pagan los fabricantes) o efectuar revisiones directas a coches que están en el mercado, con derecho a retirarlos si fuera necesario.
Hasta 30.000 euros de multa
Cuando se detectan fallos, el Ejecutivo comunitario prevé multas de hasta 30.000 euros por vehículo trucado. Multa que impondría la propia Comisión si el correspondiente estado miembro no lo hace. A esos e añade la posibilidad de suspender o retirar los permisos a los servicios técnicos que no apliquen correctamente las normas. Además, los países de la UE deberán informar anualmente a Bruselas de las multas que han puesto.
Evitar conflictos de intereses
Son normas encaminadas a asegurar que la manipulación de emisiones no se vuelva a producir, evitar conflictos de intereses entre fabricantes y controladores y reforzar la independencia y la calidad de los test de control de emisiones.
Por eso, la propuesta también contempla acabar con que sean los fabricantes quienes paguen a los encargados de efectuar controles o revisiones. Para ello serán los estados los que recaudarán la factura que corresponde pagar a los fabricantes para ser ellos los que se encarguen de abonar los gastos que genere el procedimiento.
