Viajar al extranjero con un coche de alquiler es, para muchos conductores, la forma más cómoda de explorar un país. Permite libertad de movimiento, independencia de horarios y llegar a rincones a los que sería difícil acceder en transporte público. Sin embargo, esa libertad también implica responsabilidades. Una multa de tráfico en el extranjero puede arruinar un viaje idílico y convertirse en un dolor de cabeza cuando ya hemos regresado a casa.
Las sanciones en carretera no entienden de idiomas ni de fronteras. Lo que antes quedaba olvidado en la distancia hoy se gestiona con sistemas de cooperación internacional entre países. Esto significa que, aunque la infracción ocurra a miles de kilómetros, el conductor identificado a través de la empresa de alquiler acabará recibiendo la sanción en su domicilio. Y no solo eso: normalmente también se suma un recargo por gestión administrativa de la compañía. Conocer este proceso y saber cómo actuar es fundamental para evitar sorpresas desagradables.
2Quién paga y cómo: el conductor del coche de alquiler siempre es responsable
Aunque la multa llegue primero a la empresa, la realidad es que el responsable es el conductor que alquiló el coche. Por tanto, no es la compañía quien asume el importe de la sanción. De hecho, la mayoría de contratos de alquiler incluyen cláusulas específicas que detallan cómo se repercuten estas multas al cliente.
El procedimiento habitual es que la compañía cargue un importe adicional en la tarjeta de crédito que se dejó como garantía. Este recargo no corresponde a la multa en sí, sino a los gastos administrativos por la gestión de los datos. Suele oscilar entre 20 y 50 euros, aunque depende de la empresa. Posteriormente, será la administración del país donde ocurrió la infracción la que enviará la sanción para su abono. Por tanto, el conductor puede encontrarse con dos cargos: uno de la empresa por gestión y otro de la multa propiamente dicha.
Ignorar este proceso puede salir caro. Las multas impagadas pueden generar recargos que duplican o triplican el importe original, e incluso derivar en procesos judiciales o en la prohibición de volver a alquilar en esa compañía en futuros viajes.
