La Dirección General de Tráfico (DGT) contempla distintos tipos de infracciones que están sancionadas con multas económicas o retirada de puntos en función de la gravedad. Sin embargo, el grupo parlamentario Sumar quiere darle una vuelta a este sistema y que también se tenga en cuenta la renta de la persona que comete la infracción.
Por tanto, lo que ahora mismo es una multa de 200 euros por exceso de velocidad o hacer una maniobra imprudente, podría convertirse en una de 1.000 euros para conductores que ganen más. Lógicamente, es una medida que ha generado controversia en el Congreso de los Diputados cuando Sumar la propuso. El grupo de Yolanda Díaz defiende que es una forma más juta de aplicar la ley, pero otros consideran que es una medida discriminatoria.
Sea como sea, Sumar ya ha registrado sus enmiendas para que la medida se incluya en el nuevo Reglamento General de Circulación (RGC) en el que ya trabaja el Gobierno. Ya existen otros países que tienen sistemas parecidos, como Suiza, Dinamarca o el Reino Unido, pero la medida tiene pocas probabilidades de salir adelante en España.
¿Multas proporcionales a la renta? Así es la propuesta de Sumar
La propuesta del grupo político Sumar consiste en aplicar un criterio de proporcionalidad para que las sanciones económicas por infracciones de tráfico se ajusten al nivel de ingresos del conductor. El objetivo es que la multa tenga un efecto disuasorio real, independientemente del poder adquisitivo del conductor que recibe la sanción.
Por tanto, la medida contempla incrementos automáticos en el importe de la multa en base a la capacidad económica del conductor. Por eso, una multa de 200 euros podría terminar siendo de 1.000 euros si el infractor tiene ingresos anuales superiores a los 100.000 euros. En concreto, plantean un recargo del 150% para quienes ganen entre 70.000 y 85.000 euros; del 300% si se perciben hasta 100.000 euros anuales; y del 500 % para los tramos más altos.
Por el contrario, también se incluyen reducciones. Quienes ganen menos de 1,5 veces el SMI podrían beneficiarse de una rebaja del 30%, y hasta un 15% si los ingresos están entre 1,5 y 2,5 veces el salario mínimo. Sumar defiende que este modelo se corresponde con un principio básico de justicia social: «Pagar más quien más tiene».
¿Medida justa o discriminatoria?
La propuesta de Sumar lógicamente ha abierto un debate sobre esta supuesta equidad en la aplicación de la ley y en las multas. Para Sumar no tiene sentido que una multa de 500 euros sea igual para alguien que gane 1.100 euros al mes que para quien ingresa 10.000 euros. En ese caso, creen que la sanción pierde su valor como castigo.
Los detractores, por el contrario, consideran que es una medida clasista que rompe el principio de igualdad ante la ley. Argumentan que una infracción es la misma, la cometa quien la cometa, y que modificar el importe de la multa según los ingresos da pie una discriminación encubierta y difícil de gestionar.
También hay dudas prácticas: ¿cómo se determinarían los ingresos de cada infractor? Sumar plantea que Hacienda, la Seguridad Social y el INE compartan información. Pero eso requiere una coordinación administrativa compleja, además de posibles implicaciones en materia de protección de datos.
Esta progresividad en las sanciones ya se aplica en otros países con modelos parecidos, y en algunos casos se han impuesto sanciones millonarias a conductores de lujo por excesos de velocidad. Y no es una medida aislada, porque Sumar y otros grupos han planteado enmiendas para que el RGC sea más estricto, sobre todo en lo relacionado con el consumo de alcohol al volante y la prohibición de los avisos en aplicaciones sobre controles de velocidad.
