La movilidad sostenible y la reducción de la contaminación son temas prioritarios en las grandes ciudades de todo el mundo. Madrid no es una excepción, y en los últimos años ha implementado diversas medidas para mejorar la calidad del aire y reducir la congestión vehicular en su centro urbano.
Sin embargo, recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido una sentencia que ha generado controversia en relación con una moratoria que afectaba a los vehículos con etiqueta B que buscaban acceder a Madrid Central, una de las zonas más restringidas de la ciudad en términos de emisiones y acceso vehicular.
2El impacto en los trabajadores
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, lamentó la decisión del TSJM y señaló que la moratoria tenía como objetivo proteger a los transportistas y darles un año adicional para adaptarse a la normativa. Para muchos, esta moratoria representaba un alivio temporal en un momento en el que se estaban implementando restricciones más estrictas en el acceso al centro de la ciudad.
Sin embargo, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, argumentó que permitir la entrada de 40,000 coches adicionales al día a Madrid Central era una «temeridad» que afectaría negativamente la calidad del aire y la salud de los ciudadanos. Desde su perspectiva, la moratoria era una manera de modificar la normativa por la «puerta de atrás» y no tenía en cuenta los impactos ambientales y de salud pública.
