El Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobado por el Gobierno y enviado al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, finalmente no incluye la prohibición de la venta de automóviles de combustión en 2040. Una de las declaraciones más polémicas, por tanto, de la anterior legislatura, se ha quedado, por el momento, en nada.
No será la vía de la prohibición la que se utilice para sacar estos coches del mercado. Por el contrario, parece que se promoverán una serie de medidas que acaben agotando la demanda de los modelos movidos por motores diésel, de gasolina, gas o los propios híbridos convencionales. Con estas medidas, se espera que la demanda de estos modelos llegue a 0 en 2050 y a partir de ese momento ya no sean comercializados en nuestro mercado.
2050 es otra de las fechas llamativas en este proyecto de ley. Para esa fecha el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que dirige la vicepresidente Teresa Ribera, considera que España debe alcanzar la neutralidad de emisiones, es decir, que no emitirá más de lo que pueda absorber. Eso significa que en 2030 las emisiones del conjunto del país deben reducirse un 20 por ciento respecto a las de 1990.
Y en ese objetivo, evidentemente, el sector del automóvil es uno de los más obligados para poder cumplir. Todas las Administraciones Públicas -Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales- pondrán en marcha medidas que posibiliten en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2.
Apoyo a los eléctricos hasta 2025
Para ello, el Gobierno dará ayudas al impulso de la movilidad eléctrica tanto para la venta de vehículos como para el desarrollo de una red de recarga, al menos hasta el año 2025 para compensar la diferencia de precio entre un eléctrico y un modelo de combustión. Porque el Gobierno considera que entre 2023 y 2027 el precio entre estos dos tipos de vehículos se equilibrará. Y cuando los coches eléctricos sean más baratos, dejarán de subvencionarse.
Más medidas incluidas en este proyecto de ley que afectan al automóvil serán el establecimiento de zonas de bajas emisiones en todas las localidades de más de 50.000 habitantes. Los ayuntamientos de dichas localidades deberián establecerlas antes de 2023 y crear medidas tendentes a mitigar o reducir las emisiones generadas por la movilidad. Se facilitará la movilidad a pie o en bicicleta, o a través de otros medios de transporte activo. Y se mejorará el uso del transporte público.
Valoración positiva del sector
Las principales asociaciones del sector del automóvil han valorado positivamente que el Gobierno siga las directrices de la Unión Europea y no prohíba ninguna de las tecnologías disponibles. Para Anfac, la patronal de los fabricantes, en boca de su director general, José López-Tafall, «la inexistencia de prohibiciones taxativas y la generación de un horizonte de trabajo progresivo y alineado con Europa es positivo porque contribuye a la innovación en las diferentes tecnologías y permite generar una hoja de ruta clara».
Además Anfac considera necesario comenzar a trabajar cuanto antes en diseñar y acordar las medidas activas de política económica y medioambiental que servirán para poner en marcha esta hoja de ruta. Y «Es imprescindible además que estas medidas estén coordinadas y promuevan ahora la recuperación del sector, en este entorno de crisis por el coronavirus, en línea con el plan de choque de medidas específicas y coyunturales que reclama la automoción».
Faconauto, que representa a las asociaciones de concesionarios «considera positivo que se fije un horizonte para la descarbonización progresiva del parque automovilístico, en línea con las directrices europeas y sin establecer prohibiciones. De esta manera, se aporta claridad y se transmite confianza a los consumidores a la hora de cambiar su vehículo». Y considera que el Anteproyecto de Ley es un punto de partida, pero que habrá que concretar las herramientas para conseguir ese objetivo común, que pasa particularmente por un impulso definitivo de los vehículos de bajas o nulas emisiones.
Por su parte, Ganvam, la asociación de vendedores, en palabras de su presidente Raúl Palacios celebra que finalmente no se haya prohibido ninguna tecnología. Ganvam urge también a poner en marcha cuanto antes un plan coordinado con el Gobierno y con todo el sector que cubra un doble objetivo, cumplir con los retos medioambientales europes e impulsar la recuperación de la automoción que necesita una urgente reactivación tras el parón en seco provocado por la crisis del coronavirus.
En cuanto a Sernauto, la asociación que engloba al sector de componentes, tras valorar de forma positiva que este anteproyecto fije una descarbonización a largo plazo en consonancia con los objetivos de la Unión Europea, considera que «Es imprescindible contar con un plan país para el sector automoción que reúna a todos los actores implicados y que nos permita mantener los niveles de empleo y competitividad de nuestras empresas, tal y como se está haciendo en Alemania, Francia o Reino Unido. Es perentorio, y más en estos momentos, establecer una hoja de ruta clara que permita a nuestro país seguir siendo referencia en automoción», afirma José Portilla, Director General de Sernauto.
