El Gobierno de España ha dado el primer paso hacia una medida fiscal que afectará a millones de conductores. Aunque aún falta la aprobación del Congreso de los Diputados, la decisión de elevar el impuesto al diésel, para igualar su precio al de la gasolina y eliminar su histórica bonificación, ha despertado una gran expectación. La medida, que lleva tiempo gestándose en el ámbito europeo y formaba parte de los compromisos de España para obtener fondos de ayuda a la recuperación, parece que finalmente podría hacerse efectiva a partir de abril de 2025. Esta reforma busca desincentivar el uso de este combustible contaminante y recaudar alrededor de 1.000 millones de euros anuales.
3¿Qué papel juega Europa en esta reforma?
La reforma fiscal de los combustibles en España es, en gran parte, el resultado de compromisos adquiridos con la Unión Europea. En 2022, el Gobierno incluyó la reforma del diésel en un paquete de medidas presentado a Bruselas en el contexto de la negociación de los fondos de ayuda a la recuperación. A cambio de estos fondos, España se comprometió a implementar cambios tributarios en varias áreas, incluyendo el diésel, con el objetivo de recibir el quinto pago de 6.500 millones de euros. Este contexto europeo subraya el papel de la política fiscal como herramienta para avanzar en los compromisos ambientales y económicos del país.
La medida no es exclusiva de España, ya que otros países también han planteado ajustes similares en sus políticas de impuestos sobre el combustible. La tendencia europea es clara: reducir el uso de combustibles fósiles y favorecer la transición hacia alternativas más limpias, como el coche eléctrico. Esta armonización en las políticas energéticas de la Unión Europea tiene como objetivo fomentar un cambio gradual en el sector del transporte, en busca de una movilidad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
