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El Gobierno invertirá 35,6 millones de euros en nuevas motos y ATV/quads, sobre todo eléctricos

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la renovación de la flota de motocicletas y ATV/quads del Estado, en la que se invertirán 35,68 millones de euros y que sustituirá a la anterior, que es de 2018. En la compra de esta nueva flota de vehículos, el Gobierno priorizará sobre todo la adquisición de modelos eléctricos de cero emisiones.

El acuerdo para la renovación de la flota tiene una vigencia de dos años y podrá prorrogarse por un máximo de otros dos años. Los vehículos irán destinados a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras, servicios comunes de la Seguridad Social y entidades adheridas.

El convenio prevé la adquisición de tres lotes de vehículos: motocicletas de carretera, motocicletas todoterreno y triciclos y cuatriciclos (lote 3).

La adjudicación del acuerdo marco se realizará mediante procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, «admitiéndose a todos los licitadores que cumplan los criterios de aptitud exigidos cuyas ofertas se ajusten a las condiciones técnicas y económicas requeridas», según explican.

Sustitución de la flota del Estado

El pasado marzo, el Consejo de Ministros aprobó el convenio marco para sustituir la flota del Estado, un parque móvil que data de 2017, con un valor máximo estimado de unos 619,68 millones de euros.

El acuerdo, al igual que el de la renovación de la flota de motocicletas, tiene una duración de dos años y es prorrogable por un máximo de otros dos. Está dividido en siete lotes atendiendo a las características de los vehículos del parque móvil. Los lotes 1, 2 y 3 corresponden a vehículos compactos clasificados según longitud; el lote 4 a berlinas; el lote 5 a modelos todocamino y todoterreno; el lote 6 a todoterrenos y el lote 7 a modelos ‘pick-up’.

Además, recientemente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública aprobó un contrato para proveer una flota de unos 10.000 vehículos comerciales ligeros a las administraciones públicas, incluyendo comunidades autónomas y ayuntamientos, durante un plazo de cuatro años y con un gasto total de 109 millones de euros.