El Pacto Verde Europeo, presentado por la Comisión Europea el 11 de diciembre de 2019, establece el objetivo de convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050. La UE se ha comprometido a disminuir sus emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % para 2030 en comparación con los niveles de 1990. Y eso pasa por tomar medidas que afectan al sector del automóvil.
En concreto, la Comisión Europea ha presentado una serie de propuestas para cumplir sus objetivos, entre las que se incluye el anuncio de que a partir de 2035 todos los vehículos nuevos matriculados deberán ser cero emisiones. En la práctica esto significa decir adiós a los vehículos propulsados por diésel, gasolina, gas y también a los híbridos. Una medida que se adelanta a la propuesta española, que fija el fin de los coches de combustión para 2040.
Esto supondrá la culminación de la transición hacia una movilidad sin emisiones, ya que la Comisión pretende que las emisiones de los vehículos nuevos disminuyan un 55 % a partir de 2030 y un 100 % a partir de 2035 en comparación con los niveles de 2021. Además, se pretende que en 2026 el transporte por carretera esté sujeto a derechos de emisión, se ponga precio a la contaminación, se fomente el uso de combustibles más limpios y se reinvierta en tecnologías limpias.
Además, para velar porque todos los conductores europeos puedan recargar sus vehículos sin problemas se exigirá a todos los estados miembros que amplíen su capacidad de carga en consonancia con la venta de vehículos y que se instalen infraestructuras de repostaje en las principales autopistas y autovías cada 60 km para la recarga de eléctricos y cada 150 km para la recarga de hidrógeno.
La propuesta de Bruselas está en consonancia con la presentada por España recientemente para impulsar el vehículos eléctrico, el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del vehículo eléctrico y conectado, que prevé destinar a este fin hasta 24.000 millones, contando con inversiones privadas y 4.300 millones de dinero público, financiado en gran parte por las ayudas de los fondos europeos, de las que ya ha sido aprobado el primer paquete.
ACEA tiene dudas
La Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) ha insistido en que los fabricantes de automóviles están comprometidos en reducir las emisiones a cero y en que todos los miembros de ACEA apoyan el objetivo de neutralidad climática para 2050 e invierten miles de millones de euros en tecnologías innovadoras y sostenibles. Pero creen que «prohibir una sola tecnología no es una forma racional de avanzar en esta etapa, especialmente cuando Europa todavía está luchando por establecer las condiciones adecuadas para los vehículos de propulsión alternativa».
Desde ACEA también apuntan que esta propuesta de Bruselas solo puede tener éxito con los objetivos de aumentar las infraestructuras de recarga en todos los estados miembros. «Esto será esencial para cargar los millones de vehículos eléctricos que los fabricantes de automóviles europeos traerán al mercado en los próximos años y para lograr una reducción sin precedentes de las emisiones de CO2 en el sector del transporte», explicó Oliver Zipse, presidente de ACEA y director ejecutivo de BMW.
ACEA ha mostrado su preocupación porque los objetivos de infraestructura están muy por debajo de lo que se requiere y las previsiones apuntan a 3,5 millones de puntos de recarga instalados para 2030. Según cálculos recientes de la propia Comisión, la disminución de las emisiones para 50 % en 2030 requeriría la disponibilidad de unos 6 millones de puntos de recarga.
