Cada vez es más habitual cruzarse con coches eléctricos e híbridos enchufables por nuestras carreteras, pero con su aumento también algunas malas prácticas. Una de ellas está en el punto de mira de la DGT, una moda importada de Estados Unidos que, tras popularizarse el año pasado, ha cruzado el charco y se extiende por España.
Esta práctica se conoce como “icing” y es mucho más que un simple acto de mala educación. Es una acción que perjudica a los conductores de vehículos eléctricos e híbridos. Para algunos es solo un gesto de rebeldía, pero para el conductor que necesita cargar su coche es un problema muy grave, y para el infractor, una acción que le puede costar muy cara.
3Más allá de la multa: El verdadero impacto del «icing»

La sanción de 200 euros es un buen elemento disuasorio, pero el problema del «icing» va más allá del dinero. Cada vez que un coche de combustión bloquea un cargador, está lanzando un mensaje muy negativo sobre la convivencia y el respeto entre conductores. Está dificultando la vida de quienes han apostado por una movilidad más limpia y, en cierto modo, está frenando el progreso.
Para el usuario de coche eléctrico, el miedo a quedarse sin batería es una de las principales barreras para la adopción de esta tecnología. Si a eso le sumamos la incertidumbre de saber si el punto de carga al que te diriges estará disponible y funcionando, la experiencia de conducir un eléctrico se complica de forma innecesaria.
El «icing» contribuye a que esta inseguridad aumente. No se trata solo de una molestia, es un obstáculo que puede hacer que una persona se arrepienta de haber comprado un coche eléctrico o que un potencial comprador se eche para atrás. Por tanto, la lucha de la DGT contra el «icing» no es solo para defender el futuro de la movilidad sostenible, sino también el derecho de quienes apuestan por estas nuevas tecnologías.