Durante los últimos meses, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha detectado un creciente número de recursos presentados por conductores que han sido multados por exceso de velocidad. Lo llamativo no es tanto la cifra, sino que una buena parte de estas reclamaciones están prosperando gracias a un truco legal que está dejando en evidencia los procedimientos de la administración. Lo que parecía una estrategia minoritaria se ha convertido en una especie de movimiento colectivo que está saturando los servicios jurídicos de la DGT y provocando una revisión de su sistema de sanciones automatizadas.
El recurso más utilizado consiste en una combinación de vacíos legales, falta de pruebas válidas por parte de la administración y la omisión deliberada de ciertos datos por parte del conductor. En este artículo, te contamos cómo funciona este “truco”, qué implicaciones legales tiene, por qué está colapsando a la DGT y qué medidas se están tomando para evitar que la situación se repita a gran escala.
4Nuevas medidas de la DGT para cerrar los vacíos legales

Ante esta oleada de recursos y anulaciones de multas, la DGT ya está trabajando en un paquete de reformas para modernizar su sistema sancionador. Entre las principales medidas se encuentran la implementación de cámaras con reconocimiento facial, el cruce de datos biométricos y la obligación de identificación digital segura para los conductores que compartan vehículo.
También se baraja una reforma legal para endurecer las consecuencias de no identificar al conductor, incluso con sanciones penales en caso de fraude reiterado. De igual forma, se plantea crear una base de datos en la que los vehículos con infracciones impugnadas repetidamente pasen a un sistema de vigilancia más exhaustivo, con la participación de agentes de tráfico.