Durante los últimos meses, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha detectado un creciente número de recursos presentados por conductores que han sido multados por exceso de velocidad. Lo llamativo no es tanto la cifra, sino que una buena parte de estas reclamaciones están prosperando gracias a un truco legal que está dejando en evidencia los procedimientos de la administración. Lo que parecía una estrategia minoritaria se ha convertido en una especie de movimiento colectivo que está saturando los servicios jurídicos de la DGT y provocando una revisión de su sistema de sanciones automatizadas.
El recurso más utilizado consiste en una combinación de vacíos legales, falta de pruebas válidas por parte de la administración y la omisión deliberada de ciertos datos por parte del conductor. En este artículo, te contamos cómo funciona este “truco”, qué implicaciones legales tiene, por qué está colapsando a la DGT y qué medidas se están tomando para evitar que la situación se repita a gran escala.
2El problema de los radares automáticos sin supervisión humana
Uno de los grandes fallos del sistema sancionador de la DGT radica en el uso masivo de radares automáticos, que no siempre cuentan con las garantías legales necesarias. Muchos recursos están siendo estimados por jueces debido a que la multa no está debidamente documentada: por ejemplo, cuando no hay una doble imagen del vehículo infractor, o cuando el radar no está homologado correctamente o se encuentra mal ubicado.
Además, la jurisprudencia reciente ha señalado que para que la multa tenga plena validez legal, debe haber una intervención humana que supervise el proceso sancionador. En caso contrario, se corre el riesgo de que la infracción no esté debidamente probada, lo que da margen al conductor para impugnarla con argumentos sólidos y respaldados por la ley.
