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lunes, 7 julio 2025

La DGT responde: ¿Son legales los radares privados que usan cada vez más ayuntamientos?

En los últimos tiempos, ha habido mucho revuelo en torno a los llamados «radares privados» que estarían usando algunos ayuntamientos para controlar la velocidad. La DGT, debido a la cantidad de consultas que han surgido, quiere aclararlo todo. ¿Esa foto de un radar en el arcén, manejado por alguien que no lleva uniforme de agente, es legal? Si ves un coche con un dispositivo que parece un radar, pero la persona al volante no es ni policía local, ni guardia civil, ¿es una trampa? ¿Pueden multarte así?

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Es una duda que cada vez más conductores se plantean, y con razón. La cuestión es clara: ¿están dentro de la ley estos sistemas? Vamos a desgranar este tema tan importante para tu bolsillo y tu tranquilidad al volante.

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El caso de los «radares privados», ¿dónde está el truco?

Fuente propia

Aquí es donde entra el debate sobre la legalidad. Aunque la ley no prohíbe de forma explícita que un ayuntamiento subcontrate los servicios para que una empresa gestione el mantenimiento o la operación técnica de un radar, hay una línea roja que no se puede cruzar.

Hay un caso representativo en el que se ha visto envuelta la localidad de Cazalegas, en Toledo. Se hizo viral un vídeo donde se veía a una persona particular sin uniforme, operando un radar móvil desde un coche. El ayuntamiento confirmó que esa persona no era un empleado directo, pero tampoco aclaró si trabajaba para una empresa subcontratada. Y ahí es donde surgió el problema: la multa que pudiera poner ese radar, en esas condiciones, era ilegal.

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¿Por qué? Porque, aunque la tecnología y el dispositivo los maneje un tercero, la persona que valida la infracción y tiene la autoridad para multar debe ser siempre un agente. Es decir, tiene que ser un policía local, un guardia civil o un agente de un cuerpo policial autonómico. Sin la presencia de un agente que sea el responsable directo de la medición y de la sanción, cualquier multa que provenga de un radar operado por un particular, por muy homologado que esté el aparato, carece de validez legal.

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