En plena carrera hacia la descarbonización del transporte, cada comunidad autónoma en España está marcando su propio ritmo. Algunas van con cautela, otras con impulso moderado… y luego está Cantabria. Esta pequeña comunidad del norte se ha convertido, casi sin hacer ruido, en una de las regiones que más está presionando —y subvencionando— para que sus ciudadanos abandonen los vehículos de combustión y se pasen al coche eléctrico.
Con el anuncio reciente de una nueva ampliación del presupuesto para el IV Plan Renove de vehículos, Cantabria ha vuelto a poner el foco en una estrategia que, según algunos expertos, roza el intervencionismo. Y aunque está respaldada por argumentos de sostenibilidad, seguridad y empleo, lo cierto es que el aumento de más de 800.000 euros en incentivos no deja indiferente a nadie.
2¿Incentivo o imposición encubierta?
A simple vista, estos planes parecen beneficiosos: promueven la renovación del parque automovilístico, mejoran la seguridad vial y reducen las emisiones contaminantes. Sin embargo, muchos ciudadanos ven con escepticismo esta “aceleración forzada” hacia el coche eléctrico. Porque si bien no es obligatorio comprarse un vehículo eléctrico en Cantabria, la presión económica y social para hacerlo es cada vez mayor.
Las ayudas generosas hacen que, para quienes están pensando cambiar de coche, la opción más sensata —y asequible— sea la electrificación. Esto deja en clara desventaja a quienes no pueden permitirse el salto, ni siquiera con subvención, o no tienen acceso a puntos de recarga, especialmente en zonas rurales. La pregunta que ronda en el aire es: ¿es justo beneficiar tanto a un tipo de comprador mientras se deja atrás a otros?
