Hace apenas una década, el llamado Cartel de Coches ocupaba titulares en todos los medios españoles. El escándalo destapó que casi todas las grandes marcas automovilísticas habían pactado de manera ilegal para inflar los precios de sus vehículos entre los años 2006 y 2013. El resultado: más de 9 millones de conductores en España pagaron de más por su coche, convirtiéndose en víctimas de una de las mayores prácticas de competencia desleal en Europa.
Sin embargo, a pesar del ruido mediático y de las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el tema parece haber quedado relegado a un segundo plano. Hoy, pocos hablan de este fraude, y lo más sorprendente es que apenas un 10% de los afectados han iniciado los trámites para reclamar una indemnización que la justicia europea y española les reconoce. ¿Qué ha pasado para que un caso de tal magnitud esté en peligro de caer en el olvido?
3La justicia empieza a dar la razón a los afectados
A pesar del desinterés generalizado, los tribunales españoles están reconociendo cada vez más las reclamaciones. En la mayoría de los casos, se están concediendo indemnizaciones de entre un 5% y un 13% del valor de compra del vehículo, lo que en algunos modelos supone recuperar varios miles de euros.
Este respaldo judicial refuerza la posición de los consumidores y confirma que el cartel existió y generó un daño económico real. Sin embargo, la desconexión entre los avances en los juzgados y la percepción de los conductores sigue siendo un obstáculo clave para lograr una reparación colectiva justa.
