La Ley de Movilidad Sostenible, que ha aprobado el Pleno del Congreso, afectará de lleno al sector del automóvil. Aunque no se aprobará definitivamente hasta hasta dentro de un año, después de completar su tramitación parlamentaria y su paso por el Senado, la norma incluye medidas como la revisión de las etiquetas de la DGT bajo el criterio del CO2, la obligación de que las empresas grandes tengan planes de movilidad para sus empleados o el impulso a medios de transporte como el tren y la bicicleta y el desarrollo definitivo de la movilidad eléctrica.
Revisión de las etiquetas de la DGT
En el texto de la Ley de Movilidad Sostenible figura la actualización de las actuales etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico, DGT, que llegaron a los automóviles en 2016. Se prevé que en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno presente un estudio para actualizarlas teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos e incluyendo las emisiones de CO2 como criterio adicional de clasificación.
En la práctica, esto supondrá probablemente, que muchos automóviles híbridos y microhíbridos, que actualmente tienen etiqueta ECO y CERO, la perderán al superar los niveles de CO2. La incorporación de este criterio busca evitar algunas de las situaciones que se producen actualmente, como el hecho de que automóviles con un pequeño motor de combustión y emisiones muy bajas tienen etiqueta B o C mientras que algunos modelos híbridos con 300 caballos de potencia o más, cuyas emisiones son mayores, reciben la etiqueta ECO.
Otra de las opciones que se baraja es una mayor exigencia a los automóviles híbridos enchufables para la obtención de la etiqueta CERO de la DGT. Hasta ahora, para conseguirla, se exige una autonomía eléctrica de al menos 40 kilómetros, cifra que, previsiblemente, se verá incrementada con los nuevos criterios.
La revisión de esta clasificación en las etiquetas medioambientales se analizará por un comité de expertos en el que participarán los ministerios de Interior, Transportes, Transición Ecológica y Economía y también se dará voz a las comunidades autónomas.
Plan de movilidad sostenible para las empresas
La nueva ley obliga a las empresas de más de 200 trabajadores (o un centenar por turno) a tener planes de movilidad sostenible. Esto se concretará en la inclusión de medidas que fomenten el transporte colectivo o soluciones de movilidad compartida o colaborativa que permitan reducir las emisiones al poner menos automóviles en circulación.
También se contempla el teletrabajo, como opción para dejar el coche en casa y la formación en seguridad vial y en prevención de accidentes en los desplazamientos a los centros de trabajo.
Estos planes de movilidad sostenible para las empresas tendrán que ponerse en marcha en un plazo de dos años desde que entre en vigor la nueva Ley de Movilidad Sostenible y deberán consensuarse entre los empresarios y los representantes de los trabajadores.
Renovación del parque de automóviles
Otro de los aspectos que contempla la nueva ley es el desarrollo en el plazo de tres meses desde su aprobación de un Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico con el objetivo de incentivar la compra de vehículos de bajas emisiones y la retirada de los antiguos.
Hay que recordar que España tiene uno de los parques de automóviles más antiguos de la Unión Europea, con una media que supera los 14,5 años y con el agravante de que casi un tercio del parque tiene más de 20 años. Los turismos ECO y CERO apenas suponen un 8%.
El Plan Moves III ya cumple con las condiciones genéricas de renovación del parque, así que se espera que la nueva norma establezca mayores incentivos. El proyecto de Ley indica que el nuevo Plan será complementario a las ayudas del Moves III y tendrá en cuenta la retirada y sustitución de vehículos con una mayor antigüedad por el riesgo que suponen para la seguridad vial y por su efecto contaminante. Y contempla que puedan beneficiarse del mismo no solo los vehículos nuevos sino también los de ocasión o usados cuya motorizacion sea Euro 6d.
La inclusión de los coches usados en el nuevo plan de ayudas al achatarramiento ha sido valorada positivamente por la asociación de vendedores de automóviles GANVAM, ya que consideran que «acelerará los objetivos de descarbonización». Esta entidad aboga por recuperar el espíritu del antiguo Plan Prever e incentivar la compra de modelos de hasta cinco años en los programas de achatarramiento para impulsar el rejuvenecimiento del parque.
Medidas que afectan a los coches eléctricos
En lo relativo a los coches eléctricos, la ley establece que las empresas tendrán que facilitar entre sus empleados el uso de este tipo de automóviles instalando puntos de recarga.
Además, se impulsará la instalación de cargadores para coches eléctricos en las gasolineras cuyo volumen anual de ventas sea superior o igual a 10 millones de litros. Esta medida deberá entrar en vigor en el plazo de 21 meses desde la aprobación de la ley.
Estas instalaciones deberán tener una infraestructura de recarga que ofrezca una potencia disponible de al menos 400 kW y que incluya como poco un cargador rápido, con una potencia disponible de 150 kW de recarga eléctrica en corriente continua, que deberá prestar servicio en un plazo de 21 meses a partir de la entrada en vigor de la ley.
La ley que impulsa el Gobierno también contempla el despliegue de la red de recarga pública para el que se desarrollará un plan estatal que recogerá las necesidades y las medidas a adoptar. Además, se establecen medidas para mejorar la información sobre la localización de los cargadores en la red pública.
