El Ministerio de Justicia de Argentina ha adoptado una serie de medidas tendentes a “desarmar” la excesiva burocracia que padece el sector de la automoción en el mercado austral.Así, por primera vez en muchos años se busca reducir el la tramitación que conlleva el registro o matriculación de vehículos en Argentina al igual que reducir los excesivos costos que los mismos venían soportando hasta la fecha.
Las medidas anunciadas por el ministro Mariano Cuneo Libarona y el viceministro Sebastián Amerio, incluyen una baja al 1% del arancel de transferencia, la eliminación de cargos por cédulas de identificación, títulos y chapas patentes, la creación del Legajo Digital Único y el establecimiento de un tope para las ganancias de los Registros Automotores.
Estas medidas se unen a otras anteriormente adoptadas por el ejecutivo de Javier Milei tendentes a facilitar la mejora de los negocios en torno al mundo del automóvil, la venta e e importación de los mismos. El ejecutivo austral ha manifestado su intención de abrir el mercado del automóvil y liberalizarlo en todo lo posible para permitir con ello la mejora de la actividad económica en el país.
Argentina quiere reducir la excesiva burocracia
El Gobierno argentino sigue buscando liberar el sector del automóvil rebajando impuestos y facilitando la compra y venta. El Gobierno de Javier Milei ha decidido “disminuir la burocracia de los registros y procesos de matriculación de los vehículos” y para ello acaba de anunciar una rebaja de los impuestos que gravan a las operaciones de compra y venta de vehículos en el país austral.
De igual manera añade una serie de modificaciones tendentes a rebajar la enorme burocracia que tanto ralentizaba y gravaba las compras y transferencias de vehículos en Argentina. Así, el Ministerio de Justicia ha decidido reducir los impuestos, habilitar la libre elección del Registro para los usuarios, crear un “legajo digital único” y establecer un tope para las ganancias de registros automotores, a fin de terminar con algunos “negocios o cajas de política” existentes en los mismos.
Según el comunicado oficial emitido por el Ministerio de Justicia argentino, “esto permitirá que los trámites sean sencillos, dinámicos y menos costosos” para los argentinos al tiempo que permite otorgar “a cada ciudadano la libertad de elegir el Registro automotor que mejor se adapte a sus necesidades, sin estar atado a una jurisdicción fija”. Es decir, los ciudadanos argentinos ya pueden matricular sus vehículos en aquellas zonas del país que sean de su interés y no están obligados a portar en sus coches placas con distintivos provinciales impuestos directamente desde el registro
Rebaja de 50% en registros de vehículos de importación
Igualmente, y para reducir los elevados costos de vida que padecen los ciudadanos en Argentina, el Ministerio de Justicia también reduce el arancel impuesto a las transferencias de vehículos a tan sólo un 1% del valor de las mismas. Hasta la fecha los argentinos pagaban un 1,5% en el caso de los vehículos de producción nacional y de un 2% en el caso de las unidades de importación.
Igualmente, tampoco se les cobrarán las emisiones de cédulas de identificación de los vehículos, las correspondientes a las placas y chapas de identificación de los mismos, ni las de las patentes (matriculas). Igualmente, los procesos se abaratan al no tener que abonar tasa alguna por la certificación de las documentaciones con hasta dos firmas.
Rebaja fiscal por valor de más de 36.000 M de pesos
El resultado de todos estos cambios supone de facto que el estado dejará de ingresar anualmente los más de 36.000 millones de pesos (unos 34,3 millones de euros) que cobraba a los ciudadanos argentinos por realizar todos estos trámites debido a los menores costos de los mismos, al tiempo que amplía la libertad de elección de los propietarios de los vehículos a la hora de escoger y realizar dónde realizar sus trámites y abonar sus tasas y aranceles correspondientes a sus vehículos.
Por otra parte, la administración argentina ha decidido también impulsar la digitalización de los registros. Hasta ahora, el sistema anterior vigente utilizaba para sus procesos documentación de papel, lo que generaba una importante lentitud a los procesos, al tiempo que incrementaba la burocracia y elevaba los costes que debían soportar tanto los ciudadanos como la administración por todo el proceso.
Para evitar todo ello, el Ministerio de Justicia argentino ha decidido proceder “a digitalizar los legajos automotores para agilizar los trámites y eliminar la necesidad de trasladar documentos de papel entre los diferentes registros”. Según la información facilitada por la administración argentina, todos estos cambios implican “un ahorro mensual adicional de 1.300 millones de pesos (unos 1,23 millones de euros) para la Administración Pública que se gastaban en traslados por correo”.
Estos cambios se añaden a los que el Gobierno de Javier Milei quiere poner en marcha para favorecer la recuperación de la economía argentina en general y del sector del automóvil en particular.
Luchar contra la corrupción en los registros de vehículos
Según el comunicado del Ministerio de Justicia, este cambio es sólo “otro de muchos que se tomarán para terminar con el anticuado y corrupto sistema de los Registros Automotores” que además coartaban “la libertad de elección a los argentinos” en las compras y transferencias de sus vehículos.
Hasta la fecha, el Gobierno argentino también ha decidido el cierre de 136 registros de la Propiedad Automotor ubicados en 14 provincias argentinas y anuló la apertura prevista de 12 nuevas dependencias. La intención del ejecutivo argentino es eliminar entorno al 40% de los casi 1.600 Registro de la Propiedad Automotor existentes por todo el país. Un ajuste que está vinculado “a la voluntad de reducir la Administración Pública nacional del país austral siguiendo así las políticas de contención de gasto y transparencia que viene imponiendo en todas las actividades del Estado.
La nueva normativa está todavía pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado argentino, razón por la cual aún se desconocen detalles en torno a la fecha de entrada en vigor de las misma.