La Guardia Civil investiga una oleada de ataques a radares en Sevilla: cinemómetros quemados, postes cortados y equipos arrancados con un coche.
Detrás de los hechos está la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de Andalucía, según confirma la Guardia Civil de Tráfico. Los ataques se han producido en carreteras interurbanas de la provincia y no son un incidente aislado: los agentes hablan de una cadena de actos vandálicos contra dispositivos de control de velocidad.
Los vídeos que han corrido por redes sociales muestran el modus operandi. En la SE-30, la circunvalación de Sevilla, un grupo de encapuchados arranca un radar tirando de él con la tracción de un coche y una cuerda atada al equipo. En otros puntos, los dispositivos han ardido: hay un poste vertical cortado con una cizalla de grandes dimensiones y un panel horizontal en altura, sobre la calzada, también incendiado.
Qué ha pasado y qué se sabe hasta ahora
Confirmada está la investigación abierta y la naturaleza de los hechos: daños intencionados en equipos de tráfico. Lo que todavía no hay es un balance oficial de dispositivos afectados ni detenciones anunciadas. Las pesquisas siguen en marcha, así que conviene tomar con cautela cualquier cifra que circule por redes sociales.
Los patrones detectados son tres y encajan con lo que se ve en las grabaciones:
- Arranque por tracción: cuerda atada al cinemómetro y un vehículo tirando hasta desanclarlo del soporte.
- Corte del poste: sección vertical seccionada con una cizalla de gran tamaño para dejar el equipo inservible.
- Incendio: fuego sobre paneles instalados en altura, por encima de la calzada.
Ninguno de estos ataques es una broma de madrugada. El cinemómetro es un bien de dominio público, y quien lo destruye se enfrenta primero a una investigación policial y después a un juzgado.
Un radar quemado no borra ni una sola multa ya registrada: añade un delito de daños y una factura de reparación que acaba pagando el contribuyente.
Qué se juega quien destroza un radar: delito de daños
El artículo 263 del Código Penal castiga causar daños en propiedad ajena, incluidos los bienes públicos, con multa de 6 a 24 meses cuando el perjuicio supera los 400 euros. Esa multa se paga en cuotas diarias, según los ingresos del condenado. Y si la reparación pasa de los 80.000 euros, la pena puede llegar a prisión de 1 a 3 años.
A eso se suma la responsabilidad civil: el autor responde de la reparación o de la reposición del equipo. Traducido a euros, el ataque no sale gratis ni aunque nadie llegue a identificar al grupo en el vídeo, porque la investigación sigue abierta y los hechos son recientes.
Hay un matiz que conviene tener claro. El radar no es solo chapa, cable y una cámara: es un elemento de seguridad vial. Por eso el daño también se mide en el riesgo que asume el tramo cuando se queda sin control automático de velocidad.
Qué pasa con el tramo mientras el radar está fuera de servicio
Cuando un cinemómetro queda inservible, el tramo no queda libre. El límite de velocidad sigue exactamente igual, y la Guardia Civil de Tráfico puede cubrir ese punto con radar móvil, con patrullas o con el helicóptero Pegasus. Nadie debería leer un radar roto como un permiso para pisar el acelerador.
Tampoco desaparecen las multas ya registradas. Los expedientes tramitados antes del ataque siguen su curso y se notifican igual, con su plazo de 20 días para alegar o para acogerse al pronto pago, que rebaja el importe al 50%. La única diferencia es que, mientras el equipo está de baja, ese punto pierde la vigilancia automática ininterrumpida y el control pasa a depender de medios móviles.
Ahí está el perjuicio real para el resto de conductores. Cada dispositivo destruido es dinero público —el equipo, la instalación, las horas de reparación— y vigilancia que se desplaza de sitio. Y el que quema un radar no evade su propia sanción: si tenía una, la tiene igual.
Del cabreo al fuego: por qué el vandalismo no arregla nada
El debate sobre los radares no es nuevo. Hay quien discute su ubicación, quien reclama más avisos y quien sospecha un afán recaudatorio. Lo que no encaja en ese debate es la respuesta violenta, porque no cambia ninguna norma, no retira ningún cinemómetro de forma definitiva y no devuelve ningún euro al bolsillo de nadie.
Tampoco es un fenómeno exclusivamente español. En otros países europeos, Francia entre ellos, se han registrado episodios de destrucción de radares y estos se han perseguido por la vía penal. La lógica es la misma en toda Europa: el cinemómetro es infraestructura pública, y atacarlo es atacar al Estado, no a un aparato.
Para el conductor de a pie, la salida sigue siendo la de siempre. Si crees que una multa está mal puesta, se recurre con pruebas y dentro de plazo; si el error es tuyo, se paga y se sigue. Quemar el cinemómetro no es una vía de recurso, es un delito añadido.
La investigación sigue abierta. El siguiente hito será saber si la UNIS identifica a los autores de los ataques en la SE-30 y en el resto de puntos afectados, y si se confirma un balance de equipos dañados. Hasta entonces, la prudencia es doble: respeta el límite en esos tramos y no des por bueno ningún dato que no venga de la DGT o de la Guardia Civil.
Ficha de la Multa
- A quién afecta: a quien daña o destruye un cinemómetro, que responde penalmente, y de rebote a todos los conductores del tramo, que pierden el control automático mientras el equipo está de baja.
- Cifras a tener en cuenta: multa de 6 a 24 meses por daños según el artículo 263 del Código Penal, prisión de 1 a 3 años si la reparación supera los 80.000 euros, y en la vía administrativa las multas de velocidad van de 100 a 600 euros y de 2 a 6 puntos.
- Consejo para evitarlo: si te sancionan y no estás de acuerdo, alega en los 20 días siguientes con pruebas; destruir el radar no anula la multa, suma un delito y una indemnización.


