El fallo definitivo sobre la ZBE de Málaga se retrasa sin una fecha concreta y deja a miles de conductores sin saber si serán sancionados, según publica Diario Sur. La zona de bajas emisiones sigue funcionando con multas activas mientras los tribunales aclaran la sentencia que anuló parte de la ordenanza.
Lo que necesitas saber
- Por qué es importante: la ZBE de Málaga está anulada parcialmente por una sentencia del TSJA, pero las multas siguen activas mientras se resuelven los recursos.
- Cómo te afecta: si tienes un coche sin etiqueta ambiental o con etiqueta B y estás empadronado fuera de Málaga capital, ahora mismo te pueden multar por entrar al centro.
- Puntos clave y plazos: el TSJA responderá a la aclaración a partir de septiembre de 2026; si el Ayuntamiento recurre en casación, la decisión final puede tardar entre seis meses y un año más.
Por qué se retrasa el fallo definitivo
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento pidieron una aclaración de sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Ese trámite permite corregir erratas o conceptos confusos sin tocar el fondo del fallo y, en la práctica, frena el plazo para presentar otros recursos. La sala aún no ha respondido.
Agosto es un mes inhábil desde el punto de vista judicial. Por eso la respuesta no llegará antes de septiembre de 2026. A partir de ahí, el Consistorio decidirá si recurre en casación ante el Tribunal Supremo. Según los plazos habituales, ese recurso tardaría entre seis meses y un año en resolverse.
Eso significa que los conductores malagueños pueden pasar más de un año sin una respuesta definitiva sobre qué vehículos tendrán vetado el acceso al centro y desde cuándo. La ordenanza, mientras tanto, se mantiene exactamente igual.
La sentencia del TSJA deja en el aire una multa de 200 euros que ya se está aplicando: el Ayuntamiento mantiene las cámaras activas mientras los tribunales deciden si ese sistema es legal.
Qué multas y sanciones están en vigor
Desde el 30 de noviembre de 2025, las cámaras sancionan a los coches y motos sin distintivo ambiental que pagan el impuesto de circulación fuera de Málaga capital. El importe es de 200 euros, que se quedan en 100 si se paga en los 20 días de pronto pago. No hay retirada de puntos del carné.
La cifra de denuncias es considerable: 35.257 notificaciones en los seis primeros meses del régimen sancionador, según una respuesta oficial al grupo Con Málaga. Eso equivale a una recaudación mínima de 3,5 millones de euros y máxima de 7 millones, si no se aplica el pronto pago.
El miedo a la multa ha reducido el tráfico: 25.000 coches diarios han desaparecido de las calles del área central, según los aforos municipales. A partir de finales de noviembre de 2026, las sanciones se extenderán a los vehículos con etiqueta B, la segunda más contaminante, también para quienes estén empadronados fuera de la capital.
Ese agravio entre vecinos de Málaga y del resto de la provincia es precisamente el punto que ha disparado el litigio. El TSJA consideró que la ordenanza rompe los principios de igualdad, libre mercado y libre circulación al castigar solo a los de fuera.
Qué puede pasar a partir de septiembre
La pelota está en el tejado del TSJA. Si la aclaración confirma los términos de la sentencia, el Ayuntamiento tendrá 30 días hábiles para preparar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Si decide no recurrir, la ordenanza deberá adaptarse para eliminar la discriminación entre empadronados y no empadronados.
Vox, que presentó el recurso original, y Con Málaga han pedido al Ayuntamiento que deje de cobrar las multas de forma inmediata por la inseguridad jurídica que generan. De momento, el Área de Movilidad mantiene la ordenanza tal cual y continúa imponiendo sanciones.
En otras ciudades con ZBE ya se han producido recursos y periodos de incertidumbre, pero el caso malagueño destaca por el criterio del empadronamiento, algo que no se repite en Madrid o Barcelona. Allí las restricciones se aplican por etiqueta ambiental sin distinguir el municipio de residencia.
Para el conductor, la situación es incómoda: la norma sigue activa, las cámaras multan y no hay forma de saber a corto plazo si el fallo final anulará o avalará esas sanciones. Lo único cierto es el calendario: aclaración a partir de septiembre, posible casación después y ampliación a la etiqueta B a finales de noviembre.
