El futuro de la movilidad urbana en España está a punto de cambiar de manera significativa. El Gobierno ha decidido blindar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y garantizar que, a partir de 2026, su implantación sea obligatoria y mucho más amplia de lo previsto inicialmente. La medida afectará a cientos de municipios en todo el país, en un movimiento que busca acelerar la reducción de emisiones contaminantes y el cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos por España ante la Unión Europea.
Hasta ahora, la aplicación de las ZBE había avanzado a dos velocidades: mientras ciudades como Madrid o Barcelona cuentan con sistemas consolidados y control automático, otras urbes apenas han dado los primeros pasos. Con este nuevo impulso legislativo, el Ejecutivo pretende acabar con esa desigualdad y establecer una red homogénea y efectiva de zonas de restricción de tráfico, donde los vehículos más contaminantes tendrán cada vez menos espacio.
2De la teoría a la práctica: la gran brecha entre municipios
Aunque la ley es clara, la implantación de las ZBE ha sido muy desigual. Según datos del visor oficial del MITECO, a finales de 2024 menos del 40% de los municipios obligados habían puesto en marcha su zona de bajas emisiones de forma completa. Muchos ayuntamientos se han encontrado con problemas de financiación, falta de infraestructura tecnológica o resistencia social ante las restricciones de tráfico.
Ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Sevilla ya tienen ZBE plenamente operativas, con cámaras de control y sanciones activas. En cambio, otros municipios medianos, como Almería, León o Castellón, siguen en fases de planificación o pruebas piloto. Con el nuevo marco legal, el Gobierno busca homogeneizar la aplicación y asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan, respiren un aire más limpio y disfruten de un entorno urbano menos contaminado.
