El futuro de la movilidad urbana en España está a punto de cambiar de manera significativa. El Gobierno ha decidido blindar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y garantizar que, a partir de 2026, su implantación sea obligatoria y mucho más amplia de lo previsto inicialmente. La medida afectará a cientos de municipios en todo el país, en un movimiento que busca acelerar la reducción de emisiones contaminantes y el cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos por España ante la Unión Europea.
Hasta ahora, la aplicación de las ZBE había avanzado a dos velocidades: mientras ciudades como Madrid o Barcelona cuentan con sistemas consolidados y control automático, otras urbes apenas han dado los primeros pasos. Con este nuevo impulso legislativo, el Ejecutivo pretende acabar con esa desigualdad y establecer una red homogénea y efectiva de zonas de restricción de tráfico, donde los vehículos más contaminantes tendrán cada vez menos espacio.
1Qué son las ZBE y por qué el Gobierno las refuerza
Las Zonas de Bajas Emisiones, conocidas como ZBE, son áreas urbanas delimitadas donde se restringe la circulación de vehículos según su nivel de emisiones. Su objetivo es mejorar la calidad del aire, reducir la contaminación acústica y avanzar hacia una movilidad más sostenible. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya estableció en 2021 que todos los municipios de más de 50.000 habitantes debían implementar una ZBE antes de 2023. Sin embargo, la realidad muestra que muchas ciudades todavía no han cumplido esta obligación.
Consciente del retraso, el Gobierno ha decidido reforzar la normativa y establecer nuevos mecanismos de control y sanción para los ayuntamientos que no cumplan. En 2026, el número de municipios obligados se ampliará: no solo los de más de 50.000 habitantes, sino también aquellos con más de 20.000 que superen los límites legales de contaminación deberán contar con su propia ZBE plenamente operativa. Además, se implementará un sistema de seguimiento a través del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y la DGT, que controlarán la aplicación efectiva de estas medidas en todo el territorio nacional.
