Las redes sociales tienen muchas cosas buenas, y otras que no lo son tanto. Si utilizas aplicaciones como Google Maps o Waze, seguro que en más de una ocasión has reportado una incidencia en la vía, un radar o la presencia de la Guardia Civil en un tramo concreto de la carretera. Ojo con intentar avisar al resto, porque es un gesto muy normalizado que te puede salir caro.
Los conductores suelen tener la buena intención de avisar a otros, ya sea de peligros o de la presencia de alguna autoridad de tráfico en la vía. Sin embargo, la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico (DGT) alertan de que avisar de un control a través de aplicaciones de mensajería está sancionado con hasta 30.000 euros. ¿Es legal avisar de un control? La respuesta corta es que depende.
3¿Dónde está el límite en los grupos de Telegram y WhatsApp?
Hoy en día, todos tenemos acceso a redes sociales, ya sean de carácter público (como X, Instagram o TikTok) u otras apps de mensajería personal (WhatsApp o Telegram). De hecho, en esta última red social son muy habituales los grupos para compartir avisos de tráfico. ¿Deberían estar prohibidos?
Conviene distinguir entre el tipo de información. Por ejemplo, la DGT sí que publica en sus canales oficiales la ubicación exacta de los radares fijos y de tramo, así que avisar de su presencia en cualquier app no tiene mucho misterio.
El problema está en que un ciudadano decida difundir la ubicación de un control o un operativo de la Guardia Civil en curso. Por ejemplo, controles de alcoholemia, drogas, documentación o verificación de vehículos. Al final, son dispositivos preventivos que pretenden mejorar la seguridad vial o controlar alguna infracción. Y si alguien avisa del operativo, cualquier conductor puede esquivarlo fácilmente, incluidos los que hayan cometido infracciones graves e incluso los que estén siendo buscados por los agentes.
Es más, en los últimos años se han planteado propuestas legislativas para sancionar a los administradores de grupos que alerten de controles, con multas de entre 6.000 y 20.000 euros. De momento, eso no es una realidad, pero la normativa actual sí que ampara a la Guardia Civil para sancionar conductas concretas.
